Los mercados, la zorra y las gallinas.

Qué lejos y qué cerca los tiempos del capitalismo industrial y la economía de servicios en las sociedades occidentales desarrolladas, que cristalizaron en el estado de bienestar, con mucho sacrificio y lucha de los trabajadores, de las organizaciones que han conformado la socialdemocracia histórica. Hemos convivido con él, esforzándonos en mejorarlo, con avances progresistas y retrocesos conservadores, con naturalidad, considerándolo irreversible. Hasta que llegó esta crisis con más ramificaciones que una hidra sembrada en estiércol maduro de ave.

Antes, los que tenían una idea y conseguían los recursos necesarios para ponerla en marcha montaban una fábrica, contrataban una plantilla de trabajadores que transformaban con su esfuerzo, herramientas y cierto aporte de energía, determinados recursos naturales en productos manufacturados. Su utilidad y una estrategia comercial adecuada, determinaban la demanda y el precio, y con ello la rentabilidad de la empresa. Hoy, los mercados son las fábricas en las que se producen las plusvalías del presente. Solo tienen acceso los que tienen dinero, no necesitan las manos que laboran, no producen mercancías, bienes o servicios. Generan nada más ni nada menos que intereses financieros, cotizaciones, primas, etc.

Ya no es necesario producir para obtener ganancias, no se obtienen beneficios fabricando, sino especulando, lo importante es meter el dinero en los fondos de inversiones adecuados, los mejor retribuidos. Pregunten en su banco y le ofrecerán una cartera muy variada, ajustada a sus fobias, preferencias, gustos o necesidades. Solo se exige algo imprescindible: disponer de capital. Si usted solo tiene la fuerza de sus manos y su inteligencia, no lo intente, evítese la frustración de una negativa inevitable, aunque siempre educada. Faltaría más.o menos. 

Antes, el dinero con mayúsculas estaba en manos de unos cuantos, ahora de unos cuantos menos, pero hay muchos, cientos de miles, millones que también lo tienen aunque con minúsculas. Es lo que llaman la socialización del capitalismo, un fenómeno que ha venido de la mano de las clases medias; ese colectivo heterogéneo, hijo de la socialdemocracia que ha venido a desterrar la lucha de clases, al menos mientras todo vaya bien.

En este escenario las decisiones, sobre qué hacer con el poco dinero de muchos, que es mucho, las toman unos cuantos en nombre de todos los que no preguntan cuándo, dónde, cómo ni por qué. Solo miran el extracto bancario mensual que certifica la rentabilidad de los depósitos, mientras se quejan o maldicen, dependiendo de los resultados, de la voracidad de los especuladores y la volatilidad de los mercados.

Como se puede apreciar a diario en las tertulias radiofónicas, también queda elegante y refinado criticar a los gobiernos que destinan recursos públicos a garantizar la solvencia de las entidades financieras, soslayando que la alternativa sería la quiebra del corralito argentino que la mayoría lleva en la cartera. Tiene escasa épica la certeza de que todo podría ser aun peor, como cuando intentamos convencer a alguien que ha tenido la inmensa suerte de no perecer en el incendio que ha calcinado toda la casa. Ya saben: «mal de muchos consuelos de...».

El problema parece estar en que esos pocos, que deciden qué hacer con lo de muchos, son versos sueltos y van a su bola. Son como la banca del casino financiero en el que se ha convertido la economía mundial, ellos nunca pierden. Se repartieron incentivos multimillonarios por la gestión de los fondos basura, los que estuvieron en el origen de la crisis que nos asola a todos y lo siguen haciendo como directivos de los bancos salvados con el dinero de todos.

La seguridad pública depende de la policía y el estado de derecho del policía que vigila al policía, aunque como nada es perfecto, para los escépticos la ecuación se conjuga al infinito. Sin embargo, en materia financiera estos virtuosos de la avaricia han logrado la cuadratura del círculo mediante un sistema de auditorías que, como las encuestas electorales, las cocinan quienes las pagan. Han llegado a tal nivel de sofisticación que, camuflados bajo el mágico referente de «los mercados» han decidido prestar más confianza a lo que dictaminen las agencias de evaluación de riesgo que a lo que certifiquen los bancos centrales. ¿Qué importancia tiene que el Banco de España avale nuestro sistema financiero frente al informe de un experto de la agencia de evaluación de riesgo de turno? Qué flaca es la memoria interesada; ya hemos olvidado que las grandes firmas auditoras internacionales certificaron la solvencia financiera de los Morgan Stanley y compañía hasta el mismo día de su quiebra.

Que el bienestar de todos dependa del informe elaborado por un 'experto' y avalado por la agencia de turno, ambos a sueldo de esos pocos que administran el dinero de muchos, es como «poner a la zorra al cuidado de las gallinas». El argumento recurrente es que el granjero afanoso está politizado, mientras que el canino sigiloso es un experto neutral en la materia.

Ya es sabido que la política lo contamina todo, desde que lo inmortalizó el nefando caudillo con aquello de: «Usted haga como yo, no se meta en política». Para esos pocos que administran el dinero de muchos cabría traducirlo en algo parecido a: deme su dinero y no pregunte, será mejor para todos, mientras piensa pero calla, especialmente para mí.

Inasequible al desaliento, la derecha española lo tiene claro: menos política y más confianza frente a la crisis. Siempre ha pensado, aunque se ha esforzado en ocultarlo, que esto solo se arregla metiendo en vereda a esa gente que se ha acostumbrado al todo gratis: la educación, la salud, los pensiones, la dependencia, etc. ¡Qué despilfarro! Ellos las suprimirían de un plumazo, perdón, de un decretazo, pensando en la cantidad de empresas que se lo podrían montar en estos sectores.

Porque hay que dejarse de pamplinas y paños calientes, el PP está en contra de la reforma del mercado laboral o de las pensiones. Todo sea por recuperar la confianza de los mercados. Claro que puestos a practicar esa fea costumbre humana de pensar, cabría preguntarse: ¿para qué los necesitaríamos si se toman radicalmente en serio esa consigna, que en privado defienden, de cerrar el grifo?

AUTÓNOMOS

                        Empleo, protección social y crecimiento económico son los tres ejes básicos sobre los que se articula el proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía para el próximo ejercicio. Es en los momentos de crisis económica cuando un sector de la población corre más riesgos de sufrir la desigualdad, cuando se vuelve más vulnerable al azote de la marginación y el desarraigo. En esta situación los poderes públicos deben asumir el compromiso de garantizar unos mínimos vitales a través del mantenimiento del Estado de Bienestar, que en nuestro caso se concreta en la educación, la salud, las ayudas a la dependencia, las pensiones y en general los servicios públicos y las prestaciones sociales.

Para que el modelo social sea sostenible en el medio y largo plazo es necesario resolver el problema del desempleo, fomentando un nuevo modelo de crecimiento económico menos dependiente de la construcción, aunque contando con la reactivación de este sector, más asentado en la cualificación profesional y en la implantación de las tecnologías más eficientes.

La formación es la mejor herramienta para encontrar trabajo, por eso el Presidente Griñan ha colocada a la educación en el centro del debate político, situándola como la máxima prioridad, la mejor inversión de futuro, la mayor herramienta para avanzar hacia un nuevo modelo productivo más eficiente y competitivo en el marco de una economía global.

El fomento de la cultura emprendedora está presente en el presupuesto para 2011 de la Junta de Andalucía como una política transversal que afecta a todos los departamentos. A la Consejería de Empleo se le encomienda la responsabilidad del Plan Proyecta que con una asignación de 510 millones de euros, debe poner en marcha planes específicos y preferentes para la formación de los colectivos que más dificultades encuentran para encontrar trabajo: mayores de 45 años, jóvenes sin formación y emprendedores autónomos.

Hay que hacer un esfuerzo de pedagogía social para desterrar la idea de la edad como barrera para la productividad y la eficiencia, porque la experiencia es un activo y el incremento de la esperanza de vida hace imprescindible subir la edad de jubilación para la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Hay que recuperar a esa generación que abandonó precipitadamente la escuela para acceder a un empleo fácil, vinculado a la burbuja inmobiliaria, que se encuentra ahora sin trabajo, con importantes caras financieras a sus espaldas, con responsabilidades familiares y sin formación para acceder a otra actividad.

En todo caso, es necesario cambiar el paradigma de la formación para el empleo, que actualmente sitúa las mayores expectativas en el empleo público y en el empleo por cuenta ajena, para situarlo en el autoempleo. Hay que pasar de los demandantes a los oferentes de ocupación.

El sector público está en proceso de ajuste, de reestructuración, de adelgazamiento, por lo que ofrecerá escasas posibilidades de acceder al empleo en el futuro. La globalización con su correlato de conformación de oligopolios multinacionales no apuesta por complejas instalaciones que ocupan a miles de personas, sino que optan por externalizar al máximo los procesos industriales a través de empresas auxiliares más pequeñas y ajenas a las grandes corporaciones. Cada vez es más difícil atraer una gran inversión empresarial y cuando se logra viene acompañada del riesgo latente de la deslocalización.

En este escenario parece cada día más evidente que el trabajo autónomo debe ser una de las apuestas claves para la conformación de un modelo de desarrollo económico eficiente, competitivo y sostenible. La condición necesaria, aunque puede que no suficiente, es el cambio de la mentalidad social imperante que ya desde hace muchos años ha venido recomendando a las nuevas generaciones «comer de olla grande».

El autónomo es una pieza muy preciada en la batalla electoral y siempre tiene un espacio relevante en el argumentario político de los partidos, todos conscientes de que constituye la argamasa de la clase media, siempre determinante en la conformación de las mayorías parlamentarias. La derecha española siempre lo ha tenido presente en sus programas y discursos, pero nunca en la literatura del Boletín Oficial del Estado.

Por fin en esta legislatura, a propuesta del gobierno socialista presidido por Zapatero, el Parlamento Español ha aprobado la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, en la que se recogen por primera vez los derechos y deberes del colectivo. En el mes de agosto del presente año salió adelante la Ley del Sistema de Protección por Cese de Actividad, que implanta la percepción por desempleo de los autónomos, así como otras medidas de fomento tales como la orientación profesional, la formación y el asesoramiento técnico y legal.

En Andalucía la importancia económica y social del sector, que ocupa a más de 471.000 personas, se pone de manifiesto por su presencia en el VII Acuerdo de Concertación Social en Andalucía, en el que se asume el compromiso público de promover el empleo autónomo y favorecer la cultura emprendedora.

Nuestra comunidad autónoma es la primera de España en poner en marcha una iniciativa legislativa en la materia. El borrador de la nueva ley plantea los objetivos de: favorecer la participación, mejorar el tejido productivo, regular las políticas públicas, facilitar la conciliación familiar y laboral, impulsar la titularidad compartida, mejorar la financiación, la cualificación profesional, la creación de empleo y las bonificaciones fiscales. El texto a debate también regula las asociaciones y entidades representativas, apuesta por un sistema extrajudicial de resolución de conflictos y crea el Consejo Andaluz del Trabajador Autónomo.

Las asociaciones más representativas (UPTA, CEAT y ATA) aunque reconocen el avance legislativo que consolida los derechos sociales de los autónomos, advierten de las dificultades por las que atraviesan a consecuencia de la crisis, exigen el reconocimiento de su capacidad de representación e interlocución y demandan una solución urgente al problema de la morosidad de las administraciones públicas.