Según 'The Economist', la exposición del sistema financiero español al ladrillo se eleva al 42% del PIB. Según los gurús del mercado, sanearlo para recuperar la confianza internacional exigiría cuantiosos recursos económicos, que Moody,s cifra en 17.000 millones de euros y UBS en 120.000 millones. ¿Quién da más? ¿Cómo puede haber planteamientos tan escandalosamente diferentes entre entidades especializadas en la materia y cuyos planteamientos pueden hacer encarecer la deuda y tambalear a la Bolsa?
Estamos a merced de los operadores del mercado, los que tienen «la sartén por el mango y el mango también», los que más ganan, los que tienen la información para 'picar billete' cuando las cosas se ponen feas, los que deciden qué hacer con el dinero del personal, los que antes se prejubilan con el dinero de todos, los que administran los fondos de inversiones, los planes de pensiones, los depósitos bancarios y toda esa gama de productos que ofrecen las entidades financieras a sus clientes para colocar sus ahorros.
El problema es el ladrillo, o su ausencia. Unas veces porque hay muchos y otras porque han puesto pocos. La preocupación de los mercados, o su coartada para ponerse las botas de la rentabilidad encareciendo la financiación de la deuda, es el ladrillo; el de la hipoteca, el que aparece supervalorado en los activos de los bancos y cajas de ahorros, el que falta en muchos solares que se compraron a precios de oro para dar un pelotazo inmobiliario, suelos en los que no se levantaron las viviendas previstas porque llegó la crisis.
La culpa es del ladrillo que trajo la hipoteca engordada y que muchas familias no pueden pagar, porque los bancos estaban ansiosos por concederlas cuanto más grande mejor, al ciento cincuenta por ciento de la tasación de la vivienda. Fueron vulnerables a los cantos de sirena del operador financiero de la esquina que les decía: . «y aprovecha para amueblar la casa, comprarte un coche nuevo y hacer un viaje.» Una fábula con muchas moralejas para que todo el escalafón de los expertos, ésos que representan al mercado, pudieran cobrar sus comisiones, incentivos y productividades.
España está cumpliendo los compromisos de control del déficit y tiene una deuda pública reducida en términos de PIB, si la comparamos con el resto de los países europeos más punteros, pero el problema es que los expertos creen que inevitablemente el Estado asumirá el marrón de las hipotecas impagadas, como hizo Irlanda, lo que provocará un incremento del déficit, que inevitablemente habría que cubrir con la emisión de deuda en los mercados internacionales.
El problema mayor está en las cajas de ahorros de reducido tamaño y escaso margen de maniobra, pero está costando la misma vida reforzar su solvencia y rentabilidad a través de las fusiones. En este escenario, hemos asistido a espectáculos tan bochornosos como el de Cajasur, protagonizado por la Iglesia y los dirigentes del PP, que primero legislaron para sustraerla al control de la Junta de Andalucía y luego prefirieron entregársela a una caja vasca, antes que fusionarla con Unicaja, que planteó una alternativa más barata para el erario público y con menos coste de personal. Con esta maniobra incomprensible e injustificable han puesto dificultades, una vez más, al objetivo estratégico de que Andalucía cuente con entidades financieras con dimensión suficiente para estar presente en los grandes proyectos industriales y tecnológicos de futuro.
Hasta ahora se ha insistido machaconamente que el problema era el déficit de las administraciones públicas y la necesidad de endeudarse para cubrirlo, pero se están cumpliendo los compromisos de reducción del gasto, de avanzar hacia el equilibrio presupuestario. Cumple el Gobierno de España, la mayor parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en un escenario en el que se está poniendo en cuestión la coherencia del discurso de oposición del PP que exige recortes y reformas, frente a su comportamiento allí donde gobierna; por ejemplo, el ayuntamiento y la comunidad autónoma de Madrid, dos de las instituciones más endeudadas y con mayor déficit del país.
Arenas ha pedido al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía más dinero para sus alcaldes, claro que él es especialista en defender una cosa y la contraria, en exigir recortes del gasto público y pedir más dinero para los ayuntamientos del PP. Cuando otros tienen dificultades financieras es por el despilfarro, cuando el problema es de las instituciones que gobiernan es porque los socialistas no les dan suficiente dinero.
La Junta de Andalucía es la comunidad autónoma que más recursos económicos transfiere a los ayuntamientos, a través de los fondos de nivelación y los planes de cooperación municipal. Ha sido también la primera en legislar para establecer la participación de las corporaciones locales en los impuestos que recauda, lo que no ha hecho ninguna de las autonomías gobernadas por el PP, las que coordina Arenas desde la dirección estatal de su partido.
Aunque Rajoy sigue disfrutando de su plácida y perenne siesta en el sofá de Peridis, en los últimos días diferentes portavoces del PP, encabezados por el jefe Aznar, han insistido en que el Estado de las Autonomías es inviable, haciéndolo culpable del desequilibrio en las cuentas públicas, aunque parecen olvidar que el Estado somos todos: administración central, autonómica y local (ayuntamientos y diputaciones). No es ninguna novedad, los dirigentes del PP nunca han apoyado el modelo de estado contemplado en la Constitución, tal vez puedan confluir ahora con el catalán Mas, que coincide con ellos en que hay demasiadas comunidades autónomas. La pregunta del millón es: ¿cuál o cuáles suprimirían?
La pregunta estaría dirigida sobre todo a Arenas, que debería dar la cara en este debate que ha puesto sobre la mesa su partido, por dos razones: porque es el responsable de la política autonómica en la dirección del PP y porque es el candidato a presidir la Comunidad Autónoma Andaluza, la que más ha contribuido a evitar los agravios entre los diferentes pueblos de España.
