EL PP ha decidido recurrir la nueva Ley del Agua aprobada por el Parlamento de Andalucía el pasado mes de julio. Con este motivo está llevando a cabo una campaña política a través de la presentación de mociones en los ayuntamientos en los que gobierna. En los debates que se van celebrando en los diferentes plenos municipales, los portavoces del PP pretenden confundir a los ciudadanos con falsedades e interpretaciones maliciosas de la Ley.
Es falso que la nueva Ley suponga la implantación inmediata de hasta cuatro nuevas figuras impositivas, que provocarán una subida del 100% del recibo del agua en los próximos años, salvo que esa sea su intención allí donde gobiernan y quieran confundir a los ciudadanos trasladando dicha responsabilidad a la Junta de Andalucía.
Se falta a la verdad cuando se afirma que a partir del próximo 1 de enero se comenzarán a cobrar los nuevos impuestos, porque aún no se ha aprobado el desarrollo reglamentario de la nueva Ley del Agua, imprescindible para implantar las medidas económicas que en ella se contemplan.
En cumplimiento de la Ley del Agua y de la Directiva Europea que obliga a los estados miembros a la aplicación efectiva del principio de "recuperación de costes" a partir del presente año, la Junta de Andalucía tiene intención de establecer el canon de mejora en toda la Comunidad Autónoma, una figura impositiva que ya se viene aplicando desde 1996 en muchos ayuntamientos gobernados por el PP. Para evitar la doble imposición, la cuantía del nuevo canon de mejora se deducirá del actual en aquellos municipios en los que ya se cobra, entre los que está el ayuntamiento de Cádiz.
Las comunidades autónomas han establecido en su marco legal la aplicación de esta figura tributaria, dirigida al saneamiento y depuración de sus aguas, en los términos que se recogen a continuación y calculados para una familia media cuyo consumo mensual sea de 10 m3 (10.000 litros). El coste oscila entre los 8,27 euros/vivienda/mes de Aragón y los 0,60 euros del País Vasco. Andalucía sería el segundo más bajo con 1,24 euros, Cataluña tiene establecido un canon de 3,76 euros y en las autonomías gobernadas por el PP las tarifas son: en la Comunidad de Madrid 4,22 euros; en la de Galicia 2,06 euros y en Valencia 3,42 euros, etcétera.
Para hacernos una idea de lo que el canon andaluz significará para el ciudadano, tenemos que tener en cuenta la media familiar de consumo de 10 m3 de agua por vivienda y que el precio medio de un litro de agua envasada en España es de 0,26 euros, según la Unión de Consumidores y Usuarios. Con esta cantidad se pagaría el equivalente a 2.096 litros de agua de la red, con la aplicación del canon autonómico previsto. Es decir, que con lo que cuesta una garrafa de 5 litros de agua envasada, un ciudadano podría pagar un mes completo de este canon.
Por otra parte, actualmente existe un canon de regulación y la tarifa de utilización del agua para los usuarios fuera del ámbito urbano. Concretamente, para aquellos usuarios que se benefician de infraestructuras financiadas por la Administración del Agua (presas, conducciones, etc.). Estos cánones se pagan por tres conceptos: un porcentaje de la inversión de la presa, los costes de mantenimientos y los gastos de administración.
Con la nueva Ley, la parte del gasto de administración se distribuye entre todos los usuarios, incluidos los que ahora no pagan, como los que utilizan las aguas subterráneas y las empresas hidroeléctricas. Con esta medida se produce un cambio del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua, porque los que están pagando estas tasas, municipios y regantes, van a ver que su importe baja, porque los costes se reparten entre más usuarios.
La Ley de Aguas de Andalucía es solidaria porque apuesta por la cohesión territorial y social, fomenta el ahorro y castiga el despilfarro, es sostenible porque incorpora el principio de la recuperación de costes y evita la discriminación al exigir que todos paguen por lo que reciben.
La aplicación del canon de mejora en toda la comunidad autónoma permitirá llevar a cabo un plan de infraestructuras que garantice la calidad medioambiental de de las aguas y de los cauces públicos por los que discurren. Este canon garantizará la igualdad y la homogeneidad entre todos los ciudadanos andaluces, tanto en lo que pagan como en la calidad del servicio que reciben.
Los andaluces han demandado, a través del Acuerdo Andaluz por el Agua, una gestión sostenible de este recurso natural limitado y de vital importancia para el desarrollo económico y social de nuestra tierra. La participación y el consenso de todos los usuarios y de toda la ciudadanía en general es imprescindible para articular un proyecto de futuro con el que lograr que todas las masas de agua de la comunidad autónoma alcancen un buen estado ecológico en el horizonte del año 2015.
La campaña política para justificar la impugnación de la nueva ley ante el Tribunal Constitucional es una muestra más de la resistencia al cambio, la defensa de los viejos privilegios de los que hicieron del agua y de los cauces públicos un recurso privado, la negativa a apostar por el interés general y un nuevo intento de manipulación de los ciudadanos.
El agua es un recurso natural limitado de vital importancia para la calidad de vida de los ciudadanos, que hay que gestionar desde la solidaridad y la sostenibilidad, de los caudales y de los cauces, de los ecosistemas fluviales y de los seres vivos que lo conforman, incluidos los seres humanos, tal y como los contemplan el movimiento internacional de las Naciones Unidas conocido como MAB: "hombre y biosfera".
