Pactos de Gobierno

Los ciudadanos con sus votos no han dado la mayoría absoluta a ningún partido, lo que significa que es imprescindible alcanzar pactos políticos para la gobernanza de Andalucía. Es muy posible que alguno simule ignorar esta realidad y reclame el derecho de la alternativa más votada a formar gobierno, lo que no se discute, como no debe ponerse en cuestión el del resto de fuerzas políticas de crear mayorías parlamentarias para conformar el nuevo ejecutivo.

Nuestro marco jurídico establece un mecanismo de asignación de escaños, que podemos calificar como de proporcionalidad corregida. No garantiza la mayoría absoluta a la candidatura mayoritaria, aunque la premia a través de la Ley D´Hondt, por lo que hace imprescindible los pactos, salvo que las fuerzas políticas apuesten porque gobierne la lista más votada, como en Extremadura, lo que implica la inestabilidad de un ejecutivo que carece del apoyo firme del parlamento y puede verse sometido a una moción de censura en cualquier momento.

El presidente de la Junta está facultado para disolver el Parlamento y convocar elecciones, si considera que la falta de respaldo parlamentario le impide gobernar, como ocurrió en 1996 cuando Chaves decidió poner fin a la IV Legislatura andaluza, al ser rechazado el Presupuesto por segundo año consecutivo, en el marco de la estrategia de 'la pinza' llevada a cabo por PP e IU. El resultado fue el descalabro de la formación de izquierda y la firma de pactos de gobierno PSOE-PA.

En las circunstancias actuales, una vez que los resultados han determinado la necesidad del pacto y que los posibles firmantes se muestran dispuestos a ello, el debate se plantea sobre los términos del mismo; entre los que apuestan por un acuerdo de legislatura y los que apoyan uno de gobierno. No parece difícil alcanzar un acuerdo programático, público y transparente, que siempre debe ser la base de cualquier compromiso, por encima de los intereses partidistas inmediatos y de las estrategias de desgaste del adversario. Pensar en clave electoral el día siguiente de unos comicios puede parecer muy previsor, pero sólo refleja la impotencia de quienes renuncian a decidir en el presente.

El Presidente Griñán prioriza la estabilidad del gobierno, lo que implica compartir programa y ejecutivo con IU, que está inmersa en un difícil debate sobre ambas alternativas, que podrían tener a su vez algunas variantes; desde los que prefieren sólo comprometerse en la investidura y con algunos apoyos puntuales, a los que apuestan por entrar en el gobierno con todas sus consecuencias. Los antecedentes no favorecen el acuerdo, por el coste electoral que ha tenido para las fuerzas minoritarias, tanto el pacto PSOE-PA, como el de la pinza PP-IU, con la diferencia de que este último fue un acuerdo para el desgobierno.

Una vez más, como antes le ocurrió al Partido Comunista, IU se encuentra ante un problema derivado del crecimiento; el riesgo a morir de éxito por acción (gobernar) asumiendo la cuota de desgaste que ello comporta, o por omisión (renunciar cuando tiene posibilidad de hacerlo) alimentando la sangría del voto útil, que tanto esfuerzo ha dedicado a combatir. Es como el adolescente que se niega a crecer porque ello comportaría mayores cuotas de responsabilidad y esfuerzo.

Los ciudadanos les ofrecen, una vez más, la oportunidad, y una parte sustancial de sus votantes se sentiría defraudada, una vez más, si renuncian a ello, pero la teoría de las dos orillas y del 'sorpaso' es un señuelo que incita al todo o nada.

Conservar la 'virginidad' de la oposición es más cómodo, mantenerse en el ámbito del discurso y los programas máximos sin asumir la responsabilidad de la gestión y la fijación de prioridades, tiene su atractivo; pero no se puede vivir eternamente sobre la base de los errores del competidor.

Renunciar a ser un partido de gobierno no es gratis y asumir tal responsabilidad no siempre conduce a la marginalidad, así lo han demostrado grupos políticos europeos como los verdes alemanes o los liberales británicos. El mayor riesgo es la fractura interna, y la fórmula para eludirla es el debate democrático (en el que deben posicionarse los dirigentes) y el respeto a las decisiones de la mayoría.

Para el PSOE, habituado a gobernar con mayorías holgadas, no será fácil gestionar la nueva realidad política. Es difícil compartir responsabilidades de gobierno con un grupo con el que ha vivido muchos desencuentros históricos y con el que compite por el mismo espacio de izquierda. Pero hay muchos elementos comunes, especialmente en la defensa de lo público y de las conquistas sociales. En estos tiempos de crisis económica, es el momento de asumir la cruda realidad, aceptar el dictamen de las urnas y anteponer los intereses generales a los de partido.

Se pone aceite en los engranajes del acuerdo si se pactan también las diferencias, o al menos el ámbito y el tono para manifestarlas sin poner en cuestión continuamente los compromisos en positivo y hasta la estabilidad del gobierno, porque ello atenta contra el interés general de los andaluces, que han apostado por una salida a la crisis desde la izquierda y a través del acuerdo de las dos fuerzas políticas que la representan en nuestra comunidad.

El coro mediático que apoya los planteamientos de la derecha más rancia, trabaja desde el primer momento contra el acuerdo, con cantos de sirena a IU, en un nuevo intento de tutelaje sobre esta fuerza política, a la que quiere utilizar como rehén y ariete contra el PSOE. El escenario de crisis económica con su secuela de ajustes en el gasto público, puede disuadir de pactar a los puros, siempre partidarios de planificar el futuro mientras otros gobiernan el presente. Otros piensan que articular un discurso y un modelo de salida desde la izquierda es lo suficientemente atractivo para asumir el reto que plantean los ciudadanos con sus votos.

Puede haber un punto de encuentro en torno a objetivos comunes que van desde la historia compartida de lucha en favor de la igualdad, la libertad y la solidaridad, a la defensa de lo público, del estado de bienestar y de la política como una actividad digna e imprescindible en democracia.

La regresión conservadora

El gobierno no ha necesitado los consabidos cien días para fijar las prioridades de su gestión, para poner en marcha lo que ya, a estas alturas del comienzo de la legislatura podemos identificar como la regresión conservadora, que en nada se parece a lo anunciado y comprometido en la campaña electoral.

Por el momento Rajoy se ha limitado a aliarse con la crisis y a utilizarla como coartada para imponer sus posiciones ideológicas y políticas, con una clara voluntad de romper los consensos de la transición, tanto en el modelo de estado, como en el de las relaciones laborales. Se pone en cuestión el estado de las autonomías, a las que se hace responsables del desequilibrio fiscal, lanzando globos sonda sobre la recuperación o modulación de las competencias transferidas. La grosera descalificación de las organizaciones sindicales pone en cuestión el modelo constitucional de economía social de mercado, en un intento de aniquilar la intermediación entre el poder institucional y los ciudadanos.

La regresión ideológica y los recortes sociales están a la orden del día y forman parte de la agenda y del discurso cotidiano de los ministros: el de educación anuncia la supresión de la asignatura 'educación para la ciudadanía' apoyado en una cita falsa de un supuesto libro de texto; el de justicia propone el copago y la modificación de la ley del aborto; el de interior receta mano dura contra los manifestantes y ampara a los mandos que consideran enemigos a los estudiantes; el de agricultura arremete contra la Ley de Costas y anuncia facilidades para la ocupación inmobiliaria del litoral; la de empleo pone en marcha una reforma laboral que cuenta con el apoyo entusiasta de los empresarios y la oposición rotunda de los sindicatos, etc.

La dura realidad ha dejado en nada las recetas milagrosas, que defendieron en una campaña diseñada para rentabilizar electoralmente las angustias de los parados. Como remedio contra crisis financiera, garantizaron que su llegada al gobierno cambiaría el escenario socioeconómico, merced a la confianza que su proyecto transmitiría a los mercados, pero estos se muestran insensibles a los encantos y encantamientos de Rajoy, reaccionando tímidamente sólo a las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo.

Se comprometieron a no subir los impuestos y lo han hecho, cargando una vez más el coste de la crisis y de los ajustes presupuestarios sobre las espaldas de los asalariados y de las clases medias, que a este paso dejarán muy pronto de serlo. El equilibrio de las cuentas públicas como dogma justifica el incremento de la presión fiscal, los recortes brutales en los servicios y la privatización de todos los activos de las administraciones públicas. En Jerez privatizan el agua y los servicios de recaudación para hacer caja, mientras que los asesores de Arenas valoran la liquidez que podría aportar la venta de las ITV, dos ejemplos claros de servicios públicos extraordinariamente atractivos para los inversores privados, ya que garantizan liquidez y rentabilidad por muchos años.

Anunciaron la creación de empleo, tres millones en la legislatura según González Pons, pero en febrero se han perdido más de 112.000 puestos de trabajo y el gobierno estima que se perderán más de 630.000 en 2012. Se comprometieron a no hacer recortes del estado de bienestar, pero cada día asistimos a nuevas medidas que lo desmienten, aunque los más duros esperan pacientemente a que pasen las elecciones andaluzas. La contabilidad electoral siempre ha sido una prioridad para el PP.

Con la reforma laboral aprobada, el PP sienta las bases del modelo económico que pretende implantar, en el que destaca la prevalencia de los empresarios sobre los trabajadores, de la imposición sobre la concertación. Con esta estrategia, la productividad y competitividad de nuestra economía dependerán de la caída de los costes laborales y sociales, no de la tecnología, la innovación, la cualificación profesional y la excelencia. Al parecer pretenden competir en la economía globalizada igualándonos con los de abajo en materia de derechos sociopolíticos.

El nuevo modelo productivo del PP se resume en más de lo mismo, dispuestos a insuflar aire a la desinflada burbuja inmobiliaria. Ya Arenas apostó por una Andalucía residencial en sede parlamentaria y Arias Cañete proclama con insistencia en los medios de comunicación su voluntad de enladrillar la costa. En la provincia de Cádiz el proyecto más emblemático y prioritario de inversión pública es la carretera Cádiz Huelva, a través del Espacio Protegido de Doñana, contra el criterio de los técnicos que la rechazan por su alto coste y de las organizaciones conservacionistas que denuncian grandes impactos ambientales.

Especialmente preocupante en la regresión conservadora es la prevalencia de la propaganda sobre la información, la confusión entre los intereses generales y los de partido, la presencia de la jerarquía eclesiástica como aliado electoral a cambio de que se impongan los códigos de conducta religiosa a través de la legislación, la deslealtad institucional, la consideración de los opositores como enemigos y la satanización del adversario, especialmente de los socialistas que de amigos y aliados de los terroristas, han pasado a ser identificados como los instigadores de la violencia callejera.

Aprovechando el 'estado de shock' provocado por la crisis, estamos asistiendo a un triple desmantelamiento del modelo constitucional y de convivencia: del estado de las autonomías, del estado de bienestar y de las relaciones laborales, construido durante la transición como salida al negro túnel de la dictadura franquista. La revolución-regresión conservadora se traduce en la ocupación del estado centralista, la prevalencia de lo privado sobre lo público, la consideración de los servicios y prestaciones como oportunidades de negocio y la eliminación de las plataformas de articulación sociolaborales.

Un mundo feliz

Solo un cambio de valores puede hacer posible la felicidad. Mientras que el consumo sea el objetivo último de nuestros esfuerzos será muy difícil lograr niveles aceptables de satisfacción personal y colectiva. La vorágine consumista no nos la podemos permitir, no es sostenible, no es razonable. No hay recursos naturales suficientes en el planeta para garantizar un consumo percapita a toda la población equiparable a los occidentales. 

El desarrollo tecnológico y en general el ingenio humano tiene capacidad suficiente para generar los bienes de consumo necesarios para garantizar una calidad de vida digna para todos. El problema es cómo organizar la producción, la distribución y el consumo, en un Mundo en el que se globaliza todo menos la política, la gobernanza, los derechos humanos.

De la misma manera que no ocurre todos los días que 'el cielo caiga sobre nuestras cabezas', tampoco sucederá mañana que en la política internacional prime la solidaridad sobre los intereses, que los nuevos y viejos imperialismos respeten los derechos de los colonizados. Dado que en la tarea de alcanzar una gobernanza del planeta equilibrada y razonable queda mucho camino por recorrer, tenemos que seguir participando en el proceso desde nuestro modesto rincón, con la inteligencia y la determinación necesaria para sobrevivir en el intento.

La crisis económica ha sido catalogada de muchas maneras: económica, financiera, inmobiliaria, etc. Aunque tiene elementos de referencias en todas las direcciones apuntadas, es la combinación de todos la que la convierte en global y sistémica, en tanto que apunta a un cambio de paradigma, de modelo económico, político y social. El proceso está en marcha, la cuestión es cómo subirnos a ese tren, como garantizarnos un viaje lo más placido posible y un lugar cómodo en la estación término.

En las plataformas de comunicación se suele apuntar al descontrol de los mercados financieros, en los que la avaricia de unos cuantos ha provocado la quiebra en cascada de entidades bancarias de referencia mundial, poniendo en cuestión la confianza, que es base de todo el sistema. Aunque a estas alturas esto resulte obvio, no es menos cierto que existen otras circunstancias que no podemos soslayar.

En todo caso deberíamos de llamar a las cosas por su nombre, o evitar que nos confundan los eufemismos, porque en mayor o menor medida detrás de los mercados están todos los que disponen de capitales mobiliarios, por muy modestos que sean, y los depositan en aquellos productos financieros que les generan más beneficios, sin preguntarse dónde ni cómo operan. Tan despreocupados que parecen ignorar el desproporcionado y desvergonzado enriquecimiento de quienes manejan su dinero.

En Europa y más acentuadamente en España, tenemos un grave problema de productividad y en consecuencia de competitividad en los mercados internacionales, por muchas razones que van desde la disponibilidad de recursos naturales, al estancamiento tecnológico, sin olvidar la gran incidencia del factor humano en los procesos productivos, en términos de cualificación profesional y costes laborales. Estar en la vanguardia tecnológica nos ha permitido nivelar los otros factores, pero desde que la tecnología viaja a lomos de la globalización hemos perdido la ventaja competitiva.

La respuesta del ultraliberalismo ha sido nivelarnos a todos por abajo. Aunque la lógica y la dignidad humana recomienda avanzar globalmente en la conquista de derechos políticos, económico y sociales, la respuesta de los mercados es recortarlos a quienes los disfrutan y evitar que accedan los que carecen de ellos.

El riesgo es el populismo, el discurso cínico y la manipulación política de líderes carroñeros que agitan los fantasmas que anidan en el miedo y el desconcierto de todos, especialmente de los más débiles. Tenemos que combatir a ese monstruo que se alimenta de ideas simples, que convierte en enemigos a los diferentes. Hay que desenmascarar a quienes se ponen a dios y a la patria por montera, para prometer la vuelta a un paraíso que nunca hubo.

Frente a las promesas de futuros imposibles y al señuelo de la vuelta al pasado pluscuamperfecto, tenemos que hacer frente a los retos de una realidad cambiante, sin dejarnos embaucar por la fiebre de consumos innecesarios, que atestan las despensas y los armarios, siguiendo las consignas de una publicidad enfebrecida que nos grita o nos susurra al oído, como a ciudadanos ALFA de 'un mundo feliz', 'comprad comprad malditos'.

No podemos instalarnos en la 'dulce' pero masoquista felicidad de la derrota, compensados por la certeza onanista de que tenemos la razón. No podemos contentarnos con empedrar el cielo de buenas intenciones. Hay que luchar aquí y ahora, no diseñar el futuro mientras otros nos gobiernan el presente.

Hay que encontrar respuestas sencillas e inmediatamente aplicables, próximas aunque no miméticas a las mentalidades y anhelos de los ciudadanos, alejadas de las consignas y de los señuelos publicitarios. La felicidad nunca estará muy lejos de los viejos e imperecederos valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad, siempre vividos en paz.

El inicio del inicio

El PP ganó las elecciones con un discurso político en el que aparecía la creación de empleo como su máxima prioridad, pero las primeras medidas que ha tomado el gobierno de Rajoy (subir los impuestos, reducir el empleo público y la cobertura social) no apuntan en esa dirección. Ni el presidente ni sus ministros hablan ya de generar empleo, sacando a España de la crisis, sólo parecen preocupados por reducir el déficit de las administraciones públicas. 

Son innumerables las citas en las que los dirigentes del PP denostaron la subida de impuestos y se comprometieron a no hacerlo cuando gobernaran. Señalemos algunas que por su rotundidad puedan servir de ejemplo:

«La subida de impuestos es el sablazo que el mal gobernante le pega a sus compatriotas», decía Rajoy en Valencia, el 14 de marzo de 2010. En coherencia con este discurso, moneda corriente en los políticos de la derecha, uno de los escasos compromisos electorales asumidos en su muda campaña electoral fue la de no subir la presión fiscal. Poco ha durado la solemne promesa, aunque sigue fiel a la costumbre de no dar explicaciones a los ciudadanos.

«Los grandes impuestos no se deben subir porque la economía está parada. Tenemos el riesgo de que la economía entre en recesión. Subir los impuestos traería menos crecimiento económico, más problemas y más paro», manifestaba Montoro el 12 de diciembre pasado. Por su parte, Arenas en el Parlamento de Andalucía manifestaba: «la subida de impuestos es letal para el consumo, la inversión y la creación de empleo».

En abierta contradicción con lo manifestado y comprometido, las primeras decisiones del Gobierno del PP han sido: subir el IRPF en todos los tramos y los impuestos que gravan los rendimientos del capital. Esta distancia entre lo dicho y lo hecho no es una novedad, ya subieron el IBI y en general la presión recaudatoria en muchas ciudades tras las elecciones municipales.

Con la subida de impuestos aprobada por el Gobierno se castiga a los trabajadores, que aportarán dos tercios de lo que se espera recaudar a través del IRPF, mientras que el resto lo aportarán los ahorradores de las clases medias.

Corren malos tiempos para el empleo público, condenado a decrecer en los próximos años a consecuencia de la bajada de la tasa de reposición, que ha pasado del 30 al 10 % por acuerdo del último Consejo de Ministros, lo que significa que de cada 10 médicos, profesores o policías que se jubilen, sólo uno será sustituido. La desaparición de los otros 9 supondrá una merma en la calidad del servicio público que prestaban.

En esto se traduce, por el momento, el compromiso de que no se tocarían los servicios públicos; los dejarán languidecer lentamente, mientras se montan los negocios privados de sanidad, educación o seguridad, a los que acudirán los que tengan recursos para pagárselos, impulsados por la decadencia de lo público. Ya lo dijo un Secretario de Estado del gobierno de Aznar, mientras reducía el número de policías y guardias civiles y promocionaba la seguridad privada: «el que quiera más seguridad que se la pague».

Los sectores más vulnerables deberán sumar a la lacra del desempleo una amplia batería de recortes aprobados por el gobierno de Rajoy, entre los que destacan: la congelación del Salario Mínimo Interprofesional, la paralización de la aplicación de la Ley de Dependencia, para que no puedan incorporarse nuevos beneficiarios al sistema, la supresión del acceso a la Renta Básica de Emancipación (ayuda a jóvenes para el pago del alquiler de su vivienda) a nuevos perceptores.

También deberán esperar tiempos mejores las medidas para avanzar hacia un nuevo modelo productivo, ya que el gobierno del PP ha decidido aplicar la tijera-guadaña del recorte a las inversiones productivas, el fomento empresarial y los programas de investigación, desarrollo e innovación.

Nadie discute que es necesario reducir el déficit, pero también es necesario estimular el crecimiento económico, porque es la única forma de crear empleo. Las medidas aprobadas por el Gobierno de Rajoy no solo no estimulan el crecimiento, sino que lo paralizan aún más, dificultando con ello la situación del mercado laboral.

El incremento de las provisiones bancarias, cuantificadas en unos 50.000 millones de euros por el Ministro de Economía Luis de Guindos, como la clave de la reforma financiera que propugna el gobierno del PP, para cubrir el creciente deterioro de los activos inmobiliarios (viviendas y solares), bloqueará todavía más la concesión de créditos a las empresas y la creación de empleo. La alternativa barajada por Rajoy es la de crear un banco malo, que con aval público asuma estos activos tóxicos, trasladando la carga al conjunto de los ciudadanos.

La cacareada confianza que traería, como por ensalmo, la llegada del PP al gobierno, por el momento sólo es un tropel de impuestos y recortes, que pagan y sufren los trabajadores y las clases medias. Lo malo es que esto sólo ha sido el comienzo; como dijo la vicepresidenta «el inicio del inicio». Habrá más en cuanto el calendario electoral de las andaluzas lo permita.

Para el debate político siempre les quedará la fórmula que patentó Aznar: «paro, despilfarro y corrupción». Tiene la ventaja que a sus votantes les trae al fresco, mientras que desmoviliza a los del adversario, pero tendrán que aceptar que no es suficiente como programa de gobierno, para quienes tienen que asumir esa tarea.