Hay partido: voluntad de futuro y vocación de Gobierno

A una semana de que se celebre el debate de la investidura de Rajoy como Presidente del Gobierno de España, el PSOE se enfrenta a un escenario político difícil, en el que tiene que asimilar la derrota electoral a partir de una reflexión profunda y de un debate riguroso sobre las causas, que van mas allá de la crisis económica, aunque esta sea uno de los elementos claves para explicar los malos resultados cosechados.

Más que ganar el PP, que apenas incrementa sus fieles votantes, pierde el PSOE (4.200.000 votos en España, 700.000 en Andalucía) que dispersa sus apoyos entre la abstención y el trasvase a multitud de partidos. La crisis económica y el desempleo han exigido tomar decisiones difíciles, en clara contradicción con los valores de la izquierda, que han afectado al electorado socialista. El PSOE ha hecho un discurso a la defensiva, en el que sigue prevaleciendo el miedo a la derecha, en una campaña electoral calificada como envejecida y masculina.

Recuperar la confianza de los propios debe ser el objetivo inmediato de los socialistas, con un discurso en el que junto a la protección social, prevalezca la prioridad del empleo, la atención a los emprendedores, el fomento de la cultura del esfuerzo y del trabajo, junto al máximo rigor en los comportamientos políticos y en la aplicación de los códigos de conducta coherentes con la defensa de la política.

La defensa del Estado de Bienestar, de lo público, aunque sea imprescindible en el discurso socialista, no parece suficiente a tenor de los resultados. El miedo a la derecha es un recurso agotado para muchos ciudadanos que sólo han conocido gobiernos socialistas la mayor parte de sus vidas.

Aquellos que defienden la dignidad de la política y mantienen que 'no todos somos iguales', deberían de renunciar a exigir un trato igual del electorado, asumiendo que ni son los mismos ciudadanos, ni tienen las mismas expectativas de la política y de lo público. No se dan los mismos niveles de exigencia ante la corrupción entre los votantes conservadores y los progresistas.

Ante la derrota, lo más útil es pasar página, evitar ensimismarse en el lavado de las heridas electorales, asumiendo que las conclusiones del debate interno y público sólo serán creíbles cuando se transformen en hechos contrastables, porque lo que esperan los votantes que han dejado de confiar en el PSOE, son cambios en los discursos, los comportamientos, las formas, los programas y las personas. Los ciudadanos exigen coherencia entre los discursos y los actos, entre el modelo social y el funcionamiento de los partidos. El vértigo ante el cambio responde más a la defensa de estatus personales que al interés general.

La izquierda no puede perder sus señas de identidad, aquellas que la definen y le otorgan la legitimidad de origen, memoria histórica y enraizamiento intergeneracional. En ese marco de referencia, el punto de partida de cualquier proyecto progresista que pretenda ser mayoritario, que tenga voluntad de futuro y vocación de gobierno, debe reinventarse continuamente, adaptarse a las demandas del presente evitando los bandazos y el inmovilismo.

El PSOE no puede pasar de puntillas por el próximo congreso federal, especialmente desde Andalucía, porque el éxito de la cita es la primera condición para el triunfo en las próximas elecciones autonómicas. Es la hora de los militantes, que deben decidir libremente y desde la responsabilidad a quien quieren apoyar, sin aceptar el chantaje interesado de quienes identifican unidad con uniformidad.

Frente a la tozudez de las encuestas, nunca inocentes ni definitivas, está la realidad de las urnas que siempre han rebajado las diferencias de las predicciones. Cuando el PSOE ha logrado mantener un apoyo electoral superior al 36% en el peor de los escenarios políticos, hay que concluir que hay partido en el próximo compromiso de las elecciones andaluzas.

En la misma medida que Andalucía vertebra a España y ha sido garantía de igualdad en la implantación del Estado de las Autonomías, los gobiernos socialistas andaluces han sido y son la referencia de izquierda frente a los gobiernos conservadores de otras comunidades y de todo el país.

Con los gobiernos socialistas Andalucía ha logrado notables avances en la mejora de las infraestructuras de comunicaciones y en los equipamientos, en la consolidación de servicios públicos de excelencia, especialmente en educación, salud y dependencia, en la articulación de una economía competitiva y con capacidad exportadora, en la que sobresalen un sector agroindustrial de excelencia y una oferta turística diversificada y de calidad.

Andalucía está a la vanguardia en la aplicación de medidas para mejorar la calidad de la democracia: escaño 110 para mejorar la participación política, transparencia en relación con las retribuciones, los bienes e intereses de los parlamentarios, nombramiento del Director de la RTVA por el Parlamento, régimen de incompatibilidades de los cargos públicos, iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos, etc.

A pesar de la crisis, la Junta de Andalucía cuenta con un presupuesto para 2012 que marca la diferente con otras comunidades autónomas gobernadas por el PP. En materia de ingresos, exige el compromiso de las rentas más altas y apuesta por el endeudamiento, porque logró superávit en los años de crecimiento y porque está por debajo de la media en déficit y deuda pública. En relación con el gasto sube la partida destinada a la educación, se mantiene la de salud y la dependencia, se reduce la inversión pública en infraestructuras aunque sigue estando por encima de la media y se compromete con la creación de empleo, destinando más de 1000 millones de euros para financiar proyectos empresariales.

Andalucía ofrece y exige colaboración al Gobierno de España, como ha venido haciéndolo hasta ahora con los ejecutivos conservadores y socialistas. La Junta de Andalucía demanda planes especiales de fomento del empleo, financiación de la dependencia en función de las personas atendidas, la misma capacidad de endeudamiento para todas las CCAA y cumplimiento del Estatuto con el 17,8% de las inversiones estatales en infraestructuras.

Presupuestos y programas

Hoy se celebra el debate de totalidad del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2012, con lo que comienza formalmente su tramitación parlamentaria, hasta su aprobación definitiva en el último pleno del año que se celebrará el próximo 22 de diciembre.

Estamos ante uno de los debates políticos más importantes que se produce cada ejercicio, junto al de El Estado de la Comunidad, que tiene lugar al final del primer periodo de sesiones, en torno al mes de Junio.

En esta ocasión, coincide el inicio de este debate presupuestario con la campaña de las elecciones generales, por lo que resulta inevitable y hasta conveniente su mutua interferencia, dado que la elaboración de las cuentas públicas exige retratarse en la fijación de las prioridades políticas, económicas y sociales, contribuyendo a clarificar sustancialmente los proyectos políticos que solicitan el apoyo ciudadano en las urnas.

Conscientes de los riesgos electorales que puede acarrear la elaboración de los presupuestos públicos, los estrategas del PP han intentado sortearlos con un discurso errático, que va desde exigir a Zapatero que prorrogue los actuales, lo que condicionaría las prioridades programáticas del nuevo Gobierno de España que surja de las elecciones, a descalificar a Griñán por presentarlos en Andalucía, obviando que el actual Consejo de Gobierno posee la estabilidad y legitimidad suficientes para hacerlo y el próximo ejecutivo autonómico no estará en ejercicio hasta mediados de 2012.

Desde la perspectiva de que es más importante lo que se hace que lo que se dice, los presupuestos de las administraciones públicas son unas buenas referencias para sopesar el voto, especialmente en un escenario político dominado por la crisis económica y sus consecuencias en el desempleo y en el desequilibrio de las cuentas públicas. Las propuestas para la creación de empleo y para lograr el equilibrio presupuestario tienen que pasar 'la prueba del algodón', frente a la tentación electoralista de ofrecer los 'dos huevos duros' de propina.

Mecido por una cascada de encuestas favorables, que empuja a los impacientes a vender la piel del oso antes de cazarlo, el PP ha optado por una estrategia de siesta electoral, fiel reflejo de la actitud yacente de Rajoy, en la confianza de que la crisis ya les ha hecho la campaña y que cualquier cosa que digan sólo puede empañar lo que consideran como inevitable éxito.

Pero las responsabilidades de gobierno en ayuntamientos y comunidades autónomas les obligan a retratarse, a pesar de las consignas disuasorias de su dirección nacional, poniendo de manifiesto de forma descarnada cuáles son sus prioridades y la enorme distancia entre lo dicho y lo hecho. Frente a la promesa de austeridad, constatamos que las instituciones más endeudadas son el ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Valenciana, ambas con gobiernos del PP.

En los discursos garantizan la solvencia y servicios públicos eficientes, mientras que donde gobiernan los privatizan para hacer caja, dejan de pagar a los proveedores, provocando la quiebra de multitud de pequeñas y medianas empresas, despiden a empleados públicos de la salud y la educación deteriorando su calidad y se niegan a aplicar la Ley de la Dependencia dejando sin atención a miles de ancianos y discapacitados.

Los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2012 suben un 1,2% y asumen un déficit del 1,3%, cumplen con la estabilidad fiscal sin desmantelar la red de servicios públicos esenciales, apostando por un mayor control de fraude fiscal, recurriendo al endeudamiento y elevando los impuestos a las rentas y patrimonios más elevados y al consumo de artículos de lujo como vehículos de alta gama, yates y motos náuticas.

Según los datos del Banco de España del segundo trimestre de 2011, el endeudamiento por habitante de Andalucía es de 1.610 euros, un 43% inferior a la medida de las comunidades autónomas, que está en 2.834, menos de la mitad que Valencia y Cataluña y 7,6 puntos menos que Baleares.

El Gobierno andaluz realiza un ejercicio de coherencia, al pedir más esfuerzos a los que más tienen, con criterios de justicia y progresividad fiscal, para que el conjunto de los ciudadanos sigan accediendo a ayudas a las familias y a servicios como la educación, la sanidad o la atención a la dependencia.

Estamos ante unos presupuestos austeros, sin recortes sociales, con un endeudamiento por debajo de la media de las comunidades autónomas, que garantizan la estabilidad fiscal comprometida, apostando por la reactivación económica y la creación de empleo y manteniendo a Andalucía a la cabeza en materia de inversiones públicas.

Esencias y Camuflajes

En la política, como en la vida, lo que parece es. Las formas son parte de la sustancia. En el reino animal, numerosas especies se protegen de sus depredadores adoptando formas y comportamientos que favorezcan su camuflaje. En estos casos, la supervivencia depende en gran medida de la capacidad para pasar desapercibido. Por el contrario, en otras ocasiones, la apariencia es fundamental en la reproducción.

Entre las especies vegetales es de vital importancia llamar la atención de los polinizadores, mediante la vistosidad colorista de sus flores. El homo sapiens, aunque ha dado el salto del pensamiento mágico, aún conserva en su ADN memoria de sus ancestros.

En democracia las formas, los reglamentos y hasta el protocolo, son parte de la sustancia, de ese fondo en el que deben convivir en equilibrio la seguridad y la libertad, los derechos individuales y el interés general, la intimidad y la transparencia. Pero las formas no deben confundirse con las apariencias, porque el mejor de los envoltorios no garantizan la calidad del proyecto, aunque nos pueda incitar a votarlo. Quien da gato por liebre puede logra la adhesión ocasional, pero pagará un largo peaje en el futuro.

En la sociedad de la comunicación la importancia de la imagen, de las formas, ha alcanzado cotas inimaginables hace solo unas décadas, llegando a suplantar en gran medida al fondo de las cosas. En demasiadas ocasiones las apariencias son excesivamente determinantes en el éxito comercial, profesional o político. Como contrapeso y salvaguarda, todo es bastante efímero; un periódico sepulta al del día anterior y las modas de cada temporada colmatan los armarios de prendas relegadas, porque la actualidad y el gusto viajan a uñas de caballo supersónico.

Este predominio del follaje, del envoltorio, ha llevado a algunos a pensar que el personal es tonto, sin caer en la cuenta de que en muchas ocasiones simula serlo, desde la distancia y el descreimiento generalizado al que lo han llevado los vendedores de crecepelos infalibles y bálsamos de fierabrás. A pesar de que vivimos en un escenario de vértigo, atestado de sensaciones y ruidos, cuando no hay sustancia, los héroes se tornan en villanos sin que hayan caído muchas hojas del calendario, confirmando la vieja regla de que: 'solo se puede engañar a uno muchas veces y a muchos alguna vez'.

Una campaña electoral es la mejor oportunidad para la puesta al día de los diferentes proyectos políticos que conviven en democracia, desde el cimiento de la identidad ideológica, que nos enraíza en la historia, sobre la base de la memoria, que nos permite hacer balance de lo ocurrido en el inmediato pasado y orientados por los compromisos programáticos, que deben despejar las incertidumbres del futuro.

Desprecian la inteligencia de los ciudadanos quienes apuestan por el camuflaje ideológico intentando cubrir todo el espectro político, quienes practican la amnesia sobre la gestión de los gobiernos propios y trasladan toda la responsabilidad a la herencia recibida de los del contrario, quienes oscilan sin despeinarse entre la ausencia de programa y la subasta de compromisos electorales.

El juego limpio exige el respeto a las reglas, al adversario y a los ciudadanos. Rompen las reglas los que se afanan en la destrucción de la política y del adversario, los que camuflan su ideología y ocultan sus programas, los que no comparecen en el debate y los que pretenden tener por rehenes a los electores. Éstos nunca se equivocan y quienes los acusan de estar confundidos, lo hacen para no asumir las consecuencias políticas de su derrota.

La identidad del proyecto político trasciende la coyuntura electoral, hunde sus raíces en la historia y en la memoria que de ésta tienen los ciudadanos y pierde gran parte de su legitimidad cuando los discursos y los comportamientos no son coherentes con las señas de identidad grabadas en el subconsciente colectivo. Ser de izquierdas o de derechas no depende sólo del pasado o de la última sonrisa que se le ponga al cartel electoral, es fundamental la coherencia del tránsito.

La destrucción de la política no es un accidente fortuito, sino el objetivo prioritario de una estrategia de quienes se sienten incómodos con la democracia, ayudados por los que traicionan la memoria histórica, ignoran a quienes representan y olvidan que la legitimidad de origen que dan los votos, debe ser confirmada con la del ejercicio práctico de las responsabilidades de representación y de gobierno. Cada generación debe hacer su aportación al capital político de las siglas que representa.

Los ciudadanos se niegan, tienen derecho, a dar cheques en blanco y a ser rehenes de la memoria, no aceptan el chantaje moral y exigen respuestas a sus problemas. Cada vez más, asumen las incertidumbres que conlleva perder el 'miedo a la libertad'.

La motosierra, la guadaña y la tijera

A pesar del silencio ocioso de Rajoy, las primeras decisiones de los responsables autonómicos y locales del PP, nos ofrecen la posibilidad de participar en un autentico debate programático ante la próxima consulta electoral. En la estrategia de que la crisis económica haría inevitable el triunfo de la derecha, cuyos dirigentes se han instalado desde el principio en la dinámica de cuanto peor mejor; la actitud del 'líder yacente' de la oposición, avalaba la fundada sospecha de que asistiríamos al fraude antidemocrático del programa oculto.

El inevitable compromiso presupuestario, que deben afrontar todas las administraciones públicas en los últimos meses de cada año, ha obligado a retratarse a los presidentes autonómicos del PP, liderados en términos mediáticos por la señora Cospedal, que se ha destacado por la rotundidad del tijeretazo, generando un pintoresco debate sobre la metáfora del instrumento perpetrador, entre tijera, guadaña o motosierra, en razón de las dimensiones del recorte del estado de bienestar.

El aval sin matices que ha recibido de los máximos dirigentes del PP, encabezados por Rajoy y Arenas, nos ha ofrecido una nítida aproximación a las bases de la respuesta conservadora a la crisis: que la paguen las clases medias, a través del desmantelamiento del estado de bienestar y que les sirva de coartada para la eliminación de los órganos de control de los gobiernos.

Una comparativa de urgencia nos permitiría valorar que aplicar en Andalucía la 'receta Cospedal' supondría: reducir 2.500 plazas en residencias para mayores, que 4.500 profesores de secundaria y 15.000 sanitarios se queden sin su empleo. Se acabaron los discursos del ahorro frente al despilfarro del gasto político, porque Cospedal pega el tijeretazo social pero sube el sueldo un 15% a sus jefes de gabinete y no renuncia a ser uno de los responsables públicos que más cobran, por encima de los 240.000 euros al año.

La derecha ha encontrado en la crisis una excusa, un aliado impagable para justificar su modelo político, siempre orientado a la privatización de los derechos y garantías sociales. Frente a los discursos y simulaciones está la terquedad de los hechos, las evidencias y prioridades del PP allí donde gobierna: despiden profesores en la educación pública pero mantienen los beneficios fiscales y subvencionan las matrículas en los colegios privados; recortan en sanidad y dejan sin pagar las ayudas a la dependencia pero deciden gastar más en publicidad y autobombo, como viene haciendo la Señora Martínez desde la alcaldía de Cádiz.

Ante la evidencia Cospedal, Rajoy, rompiendo mínimamente su letargo, ha tenido que admitir que: 'no hay remedios milagrosos', 'lo que viene no es un camino de rosas' y 'asumo íntegramente las medidas adoptadas', pasando de sembrar dudas sobre la solvencia de la economía española a mostrar la carencia de ideas para hacer frente a la crisis. En su discurso no ha pasado de generalidades tales como 'la consolidación fiscal' que nunca ha concretado en qué consiste, las 'reformas estructurales' contra las que ha votado su partido cada vez que el gobierno socialista las ha llevado al parlamento y la 'reestructuración del sistema financiero' que ya se está acometiendo.

Ante cada compromiso electoral todo partido de gobierno debe mirar hacia su proyecto político, permaneciendo fiel a sus propias señas de identidad, dando cuenta del ejercicio de sus responsabilidades de gestión u oposición y ofreciendo una oferta de futuro en beneficio de los ciudadanos.

La identidad ideológica viene conformada por la memoria histórica, el discurso político y la gestión de gobierno, elementos que deben guardar la mínima coherencia para evitar el desconcierto de los votantes más fieles. En la estrategia de favorecer la abstención entre los electores de izquierda, los portavoces de la derecha son especialmente activos en la fabricación de supuestas contradicciones entre las medidas de gobierno y las señas de identidad histórica de los socialistas.

Resultaría cómico, si no fuera una muestra más del cinismo al que nos tienen acostumbrados, contemplar a los dirigentes y voceros de la derecha rasgándose las vestiduras por las supuestas desviaciones ideológicas de la izquierda en el ejercicio de sus responsabilidades de gobierno. En realidad se preocupan porque los socialistas gobiernen, no por la supuesta derechización de las medidas adoptadas.

En materia de derechos civiles la frontera ideológica aparece más nítida, tanto por voluntad de los dirigentes de la derecha como por la tutela de los sectores confesionales, especialmente sensibles ante medidas como: la modificación de la ley del aborto, el implantación de educación para la ciudadanía, la recuperación de la memoria histórica y la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

La irrupción del candidato Rubalcaba ha roto la estrategia del programa oculto y sobresaltado el confortable letargo de Rajoy, con sus propuestas de creación de empleo para los jóvenes, de medidas fiscales relacionadas con las operaciones bancarias, los grandes patrimonios y las rentas más altas, obligadas a contribuir en mayor medida al proyecto colectivo contra la crisis. ¿Tendremos la oportunidad de disfrutar del derecho democrático de un debate entre ambos?

Calidad democrática: Transparencia, Austeridad, Participación.

El Parlamento de Andalucía ha debatido y aprobado 28 medidas sobre transparencia, austeridad, participación y calidad democrática, en respuesta a las demandas de la ciudadanía y con el objetivo de avanzar en la legitimidad del ejercicio de la política. Se han abordado cuestiones fundamentales como la austeridad en la gestión pública, la transparencia en los sueldos de los parlamentarios y la mejora en los mecanismos de participación de la ciudadanía en las decisiones. Medidas valientes y necesarias para hacer más y mejor política, más y mejor servicio público a la ciudadanía.

 

Este acuerdo es consecuencia del compromiso asumido por el Presidente Griñán en el Debate del Estado de la Comunidad, celebrado los días 29 y 30 de junio, en el que anunció medidas de calado para situar las demandas ciudadanas en el centro del debate parlamentario y para prestigiar la política.

Nuestra Comunidad Autónoma sigue siendo pionera y ejemplo de vanguardia en calidad democrática, al suprimir privilegios en materia de pensiones, limitar las retribuciones de los diputados autonómicos, que sólo podrán cobrar un sueldo y favorecer la participación de la ciudadanía en el Parlamento. Cualquier iniciativa legislativa popular, se puede presentar electrónicamente, con un menor número de firmas que la avalen y se puede defender oral y presencialmente a través del Escaño 110. También se reduce de 35 a 25 el número de ayuntamientos necesarios para presentar una iniciativa al Parlamento y se promoverá una Ley de Participación Ciudadana.

Otras de las medidas que se han aprobado ponen el acento en la austeridad; reduciendo el uso de vehículos oficiales, los gastos electorales y los puestos de libre designación en todas las administraciones públicas. Se avanza en la transparencia con la obligación de hacer pública la declaración de la renta, los bienes e intereses de los parlamentarios y se establece la incompatibilidad del cargo de diputado con el de alcalde o presidente de Diputación, para garantizar su dedicación completa a las tareas parlamentarias.

Se sancionará la ausencia de los parlamentarios y se habilita el mes de julio para reuniones de los órganos de la Cámara, las sesiones de control al Presidente serán retransmitidas por la Radio Televisión Autonómica y se establecerán fórmulas para que los ciudadanos accedan mejor a la información que resulte de su interés. El Parlamento andaluz se compromete a luchar contra la corrupción y el transfuguismo, a mejorar los mecanismos de evaluación y control de las leyes y a suministrar más medios para la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social.

Frente a estas medidas que impulsan una forma de hacer y entender la política, acorde a las demandas ciudadanas del siglo XXI, con cercanía, disponibilidad, compromiso, coherencia, ética y responsabilidad, el PP ha mostrado su rechazo a que el trabajo de los parlamentarios se realice con el 100% de dedicación y sin duplicidad de cargos. Arenas se niega ahora a apoyar una medida que su partido acepta en Galicia y que él mismo propuso ya en 2004 y 2008.

El PSOE ha sido pionero en estas medidas, ya que desde 1996 no hay ningún alcalde socialista que ocupe un escaño en el Parlamento Andaluz. Arenas habla y defiende la incompatibilidad de cargos y propone que cada cargo público se dedique a una sola tarea, «zapatero a tus zapatos», pero cuando la medida puede afectar a sus alcaldes, monta en cólera y pone el grito en el cielo.

Los ciudadanos votan a sus alcaldes para que resuelvan los problemas de sus pueblos y ciudades, no para que se ausenten o dividan sus esfuerzos en varias tareas, aunque en la práctica una agenda tan intensa como la de los alcaldes les impide atender las tareas parlamentarias. Es fácil constatarlo en cualquiera de las cámaras legislativas, donde apenas presentan y tramitan iniciativas, limitando su asistencia al momento de las votaciones.

El descrédito de la política no solo es consecuencia de unas prácticas y comportamientos viciados o deshonestos, también ha sido impulsado por una estrategia orientada a su destrucción, promovida por los que prefieren convertirla en escándalo, para minar la confianza en las instituciones y sembrar el descrédito de los gestores y representantes públicos.

La derecha ha logrado la movilización y fidelidad de su electorado, a través de un discurso ideológico, que se apoya en un fuerte rechazo a cuestiones tales como el aborto, el divorcio, la investigación con células madre, los matrimonios entre personas del mismo sexo y la educación para la ciudadanía. En las últimas legislaturas sus mayores esfuerzos han estado dirigidos a desmovilizar al electorado de izquierda mediante la destrucción de la política, identificándola con la corrupción y los privilegios.

Los estrategas de la derecha actúan desde el ventajismo cínico de quienes saben que aunque no todos los políticos son iguales, basta que un fiel coro mediático haga que lo parezca, para que los electores de izquierda dejen de votar y pierdan su confianza en la democracia.

Algunos ejemplos ilustran el doble discurso, la doble vara de medir, la distancia entre la palabra y los hechos: En Andalucía el PP denuncia el estatus de los ex presidentes de la Junta, al que han renunciado todos los socialistas que han ejercido el cargo, pero Arenas avala como secretario de política autonómica del PP que Camps tenga tratamiento de muy honorable, asignación económica, coche oficial, escolta y oficina con personal a su servicio a costa del erario público.

En el Parlamento de Andalucía presentaron un escrito renunciando a las cesantías, pero los firmantes que han perdido sus escaños no han tenido empacho en cobrarla.

Arenas gana 178.179 euros brutos al año, lo que lo convierte en el político mejor pagado de Andalucía. El problema no es solo que cobre esa cantidad, mientras que se escandaliza porque el Presidente de la Junta gana menos de la mitad, lo más lamentable es que ha tratado de ocultarlo por todos los medios posibles y lo ha hecho mintiendo al Parlamento, a los medios de comunicación y a los ciudadanos.

Rubalcaba

Cuando muchos pensaban que estábamos en los 'minutos de la basura' de la legislatura, llegó Rubalcaba y todos admiten que aún 'hay partido'. Los más convencidos y preocupados por su candidatura están en el PP y han puesto en marcha al coro mediático de la caverna, que se ha lanzado en tropel a descalificarlo y deslegitimarlo.

Las últimas semanas han exigido su dimisión, por una supuesta incompatibilidad entre su permanencia en el gobierno y su papel de candidato, algo que al parecer sólo afecta a los ministros y vicepresidentes pero no a los presidentes, que pueden conciliar ambas tareas sin problemas.

Hasta Rajoy, que se distingue más por su silencio que por lo que dice, ha demandado con insistencia la salida de Rubalcaba del gobierno. Debe tener la memoria frágil y selectiva, porque lo que habría que recordarle que él, en circunstancias similares, salió del gobierno de Aznar el 31 de agosto para presentarse como candidato a las elecciones que se celebraron en marzo, mientras que el candidato socialista lo ha hecho la semana pasada, 50 días antes.

En la práctica han hecho un esfuerzo inútil, porque entra dentro de la lógica que el candidato socialista quiera acentuar su propio perfil político al margen del gobierno y no se ha hecho rogar mucho para renunciar a su cargo público. Su nuevo estatus no le librará de las críticas, ni de las campañas deslegitimadoras, por mucho que insista en considerar a los dirigentes del PP como contrincantes y no como enemigos.

La campaña para erosionar al candidato Rubalcaba ya viene de largo y se ha recrudecido en las últimas semanas. Se le reprocha su extensa e intensa biografía política, mientras que Rajoy parece que llegó ayer. Parecen olvidar que fue colaborador de Fraga en Galicia y que acaba de clausurar, un año más, el curso de la FAE de la mano de Aznar, el padrino que lo nombró primero ministro, después vicepresidente y finalmente líder carismático de la derecha española. Designación de la que no parece estar muy satisfecho, dados los intentos para sustituirlo por Esperanza Aguirre.

La preocupación en la derecha es evidente y se dejará notar en el futuro cada vez con más virulencia, por lo que asistiremos una vez más al protocolo político de matar al mensajero-candidato, ignorando en lo posible el contenido de sus propuestas, que han sido claras y rotundas en el estreno público de su nueva responsabilidad: el empleo como máxima prioridad, destinando a este fin parte de los beneficios bancarios, defensa rotunda del estado de bienestar, firme apuesta por el proyecto europeo, prevalencia de la política sobre los mercados, impuesto al patrimonio de las grandes fortunas, reforma de la ley electoral, etc.

De lo manifestado por Rubalcaba destacan dos reflexiones de profundo calado político, que apuntan en la dirección de lo demandado por el movimiento del 15 de Mayo, en relación con la calidad de la democracia, la dignificación de la política y la recuperación de las señas de identidad de la izquierda: se compromete el candidato a 'no prometer nada que no se pueda cumplir' e invita a los socialistas a 'vivir de acuerdo a como se piensa, para no terminar pensando cómo se vive'.

En las propuestas de Rubalcaba hay sustancia y elementos para el debate político, a la espera de que Rajoy salga de su mutismo y asuma lo que su partido hace allí donde gobierna, especialmente el modelo de la Señora Cospedal nueva Presidenta de Castilla la Mancha, que consiste en: sembrar dudas sobre la solvencia de las instituciones, eliminar los órganos de control y fiscalización (Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo), apostar por los recortes sociales (copago sanitario y libros de texto) y dar marcha atrás en el modelo autonómico. Presumen de ahorro, critican el despilfarro y garantizan la creación de empleo, pero las comunidades en donde gobiernan son las más endeudadas, en las que proliferan los escándalos y las que encabezan las estadísticas del desempleo.

Los gaditanos hemos tenido la oportunidad de conocer más de cerca a Rubalcaba en la última legislatura, en la que ha obtenido su acta de diputado por esta circunscripción. Aunque su larga trayectoria política lo avala, se ha ganado el respeto y la admiración de todos, por su compromiso político con la provincia y su implicación directa en la búsqueda de soluciones a los problemas económicos y sociales más acuciantes.

Si la política es un estado de ánimos, puedo certificar que el de los socialistas andaluces ha mejorado notablemente en las últimas semanas, como consecuencia de la candidatura de Rubalcaba y del resultado del Debate del Estado de la Comunidad en el que, además de aprobar un conjunto de resoluciones para fomentar la actividad económica y la creación de empleo, para mejorar la calidad de la democracia y favorecer la participación de los ciudadanos en la vida pública, ha quedado en evidencia el abismo que existe entre el discurso y el comportamiento de la derecha andaluza, a propósito del sueldo de su presidente el señor Arenas.

El Presidente Griñan presentó al Parlamento y a los medios de comunicación su declaración de la renta de los últimos tres años. Arenas lleva semanas enredando con notarios, gastos de representación, gabinetes y kilometrajes para evitar decir lo que gana. Es muy sencillo, basta con presentar públicamente los impresos del IRPF. Seguimos a la espera de que cumpla su compromiso ante la Cámara.

Semana del 11 al 17 de Abril de 2011

Miércoles 13 Y Jueves 14 de Abril

16:30 – SESION PLENARIA

Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno 8-11/POP-000192, relativa a dimisión del Consejero de Gobernación y Justicia

PROPONENTE/S: Ilmo. Sr. D. Carlos Rojas García (G.p. Popular de Andalucía)

Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno 8-11/POP-000193, relativa a cese del Delegado del Gobierno en Cádiz

PROPONENTE/S: Ilmo. Sr. D. José Loaiza García (G.p. Popular de Andalucía)

No es lo mismo

             Una constante en el discurso de la derecha es el empeño en destruir la política. Es como si sus portavoces hubieran asumido que sus graneros de votos son minoritarios, los ricos son menos, por lo que tendrían serias dificultades para conseguir la mayoría en condiciones de normalidad democrática. En consecuencia, consideran necesario embarrar el terreno de juego, jugar al límite del reglamento, bordear la ley, tensionar el debate, simplificarlo al límite, apostar por los instintos y las pasiones frente al razonamiento y el equilibrio que exige toda realidad compleja.

Esta estrategia no tiene límites, ni está subordinada al interés general, el objetivo de conquistar el poder justifica todos los medios que se empleen en el intento. El resultado no puede ser más desolador: se han vulnerado las bases del modelo constitucional, se ha politizado la justicia, se pone en cuestión la actuación de los cuerpos de seguridad y forman parte de la refriega política los 'asuntos de estado', en los que debería primar el consenso: terrorismo, inmigración, política exterior, seguridad y defensa.

Las fuerzas conservadoras siempre han procurado patrimonializar las creencias y los símbolos, todo aquello que conforma el imaginario colectivo, lo que en su lenguaje se identifica con las esencias, con lo identitario: Dios, patria, ley, familia, bandera, etc. Tambien ha formado parte de su comportamiento político el manejo de las pasiones, los instintos, los miedos y tabúes. Desde siempre el discurso conservador se apoyaba tanto en el temor, la incertidumbre y el vértigo que provocan los cambios e innovaciones, como en el populismo redentor de la ley del talión, 'ojo por ojo, diente por diente'.

Últimamente están aflorando otras variantes del mismo fenómeno, puestas en valor a través de un manejo desvergonzado de los medios de comunicación, apoyadas en el éxito profesional y económico de los aspirantes a caudillos del pueblo, uno de cuyos estandartes más destacados es Berlusconi, insigne virtuoso de la depravación, la manipulación y el engaño.

Es desolador, como para perder la confianza en el ser humano, el éxito de esos programas de televisión, en los que un grupo de descerebrados glorifican los instintos, chapotean en la zafiedad y el mal gusto, adormeciendo las conciencias, triturando el derecho al honor y a la propia imagen y pisoteando los derechos humanos y los principios democráticos.

El viejo axioma de 'muerto el perro se acabó la rabia' se aplica sin piedad en el debate político, en una estrategia muy extendida de 'matar al mensajero', cuando las ideas que porta son certeras, e incluso obvias. Es una variante perversa pero que obtiene excelentes resultados, en esta realidad social y cultural en donde lo que parece es, y el envoltorio o continente es más importante que el contenido.

No hay límites en la caza del oponente político como estrategia para anular la incidencia de sus discursos, ideas y programas. Se aplica aquella vieja desvergüenza mediática de que 'no permitas que la verdad te estropee un buen titular', que la presunción de inocencia cuestione las penas de portadas, de editorial o de banquillo. Para cuando la verdad resplandezca, el oponente, mensajero de ideas que puedan interesar a los electores, será un cadáver político y nadie pedirá explicaciones por el éxito electoral cosechado con triquiñuelas de tahúr político.

La derecha se comporta como si el poder le perteneciera por derecho divino y considera un accidente el que la izquierda pueda ejercerlo, por mucho que las urnas se lo otorguen. En nuestra joven democracia se ha hecho costumbre la descalificación de los resultados, cada vez que sus expectativas de triunfo no se han visto confirmadas el día de las elecciones. Lo han hecho los portavoces del PP, Arenas y Gallardón, cuando Aznar perdió contra Felipe González y lo han vuelto a repetir cuando Rajoy fracaso contra Zapatero.

La ley y el orden parecían patrimonio de los conservadores y el estado un instrumento para garantizar sus derechos, especialmente el de la propiedad privada, pero cuando la ley garantiza la igualdad, la derecha no tiene inconveniente en ponerse el estado de derecho por montera. Que se lo pregunten a Berlusconi, que ha hecho costumbre el fabricar leyes a su medida, para garantizarse la impunidad.

Sus homólogos del PP no dudan en arremeter contra policías, jueces y fiscales cuando éstos, en el ejercicio de las funciones que las leyes les encomiendan, investigan, acusan y juzgan actuaciones y comportamientos que infringen las leyes.

En nuestro país existe una amplia caverna mediática, que en cualquier escenario político del resto de Europa se calificaría como extrema derecha, cuya tarea principal es mover el albor para que el PP coseche la fruta madura de los votos. Son especialistas virtuosos del insulto, la manipulación y el engaño, nostálgico del franquismo que vomitan a diario planteamientos más cercanos al fascismo que a la democracia.

Es el viejo discurso fascista de: 'todos los políticos son iguales', es decir ineptos, mentirosos y corruptos. Con las preguntas implícitas de: '¿para que la política?', '¿para qué votar?, total si da igual', '¿para qué la democracia? que es cara, ruidosa y desordenada'. De acuerdo con los resultados electorales, la derecha puede permitirse el lujo de la corrupción, pero la honestidad debe ser el ADN de la izquierda, que no puede ampararse en pedir a los ciudadano el mismo trato, si se reclama diferente.

           Aunque los políticos son un reflejo de la sociedad en la que ejercen, quienes están en la política tienen que aceptar un grado mayor de exigencia y control que el resto de los ciudadanos en sus quehaceres profesionales y privados, porque se ocupan de gestionar los recursos públicos y de garantizar el interés general.

Ahorro y eficiencia energética

La energía es el termómetro de una civilización, que marca su nivel de desarrollo económico y social. Su control, junto a la eficiencia tecnológica en la generación y el consumo, determina la génesis y decadencia de los imperios a través de la historia, por lo que el acceso a las fuentes energéticas ha estado y está en el germen de muchos conflictos en el Mundo. 

Desde que Einstein divulgó la famosa formula E=mc2, energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, sabemos que la energía está en el origen y estará en el final del universo. Mientras que se produce lo inevitable en los tiempos cósmicos, estamos poniendo de nuestra parte todo lo posible para hacer inhabitable esta minúscula parte que es nuestro planeta.

En la producción y el consumo de energía se originan una parte sustancial de los problemas ambientales. El cambio climático, provocado por los gases de efecto invernadero, es cada vez más una evidencia empírica, que certifica lo que ya han venido afirmando los científicos en todo el Mundo, con el desacuerdo de Rajoy y su primo.

Las fuentes energéticas tradicionales han estado asociadas a la biomasa y al agua, más tarde a los combustibles fósiles (carbón y petróleo) y más recientemente a la fusión nuclear. El carácter limitado de los recursos, su distribución geográfica, los costes económicos de explotación, los impactos ambientales y las consecuencias geoestratégicas en el concierto internacional conforman un cóctel explosivo de permanente actualidad.

Ningún modelo energético ha sido ni será neutral o inocente; el uso de la biomasa aniquiló una parte sustancial de la cubierta vegetal del planeta, los combustibles fósiles afectan al cambio climático y destruyen ecosistemas y la energía nuclear genera residuos que remitimos a las generaciones futuras hasta el fin de los tiempos. Chernóbil y el reciente terremoto de Japón nos ilustran sobre los riesgos de contaminación radiactiva que comporta el uso de esta fuente energética.

El tránsito entre modelos energéticos, como todos los cambios estructurales y culturales, no son rápidos ni fáciles. En muchas zonas del tercer mundo la biomasa sigue siendo la principal fuente de energía consumida, mientras que los combustibles sólidos aportan de forma abrumadora la mayor cuota del consumo mundial y estamos alumbrando nuevos recursos y tecnologías asociados al sol, el viento y el mar. El reto ineludible es la sostenibilidad, la preservación de los recursos naturales, de la biodiversidad, de la calidad de vida, de la vida.

Aunque las fuentes energéticas renovables puedan garantizar en el futuro la sostenibilidad, cada vez es más evidente que la prioridad debe ser el ahorro y la eficiencia, lo que exige apostar por el compromiso del consumidor y por los avances tecnológicos. En la búsqueda de fuentes energéticas no podemos hacer trampas tan habituales como las de socializar los costes económicos y privatizar los beneficios, mientras que se ignoran los impactos ambientales y los riesgos para la salud.

En el aquí y el ahora, nuestro modelo energético es manifiestamente mejorable, en términos de diversificación de las fuentes para reducir la dependencia del petróleo, de eficiencia y ahorro en los consumos para evitar el despilfarro, reducir los impactos ambientales y los costes económicos y sociales. Los avances estructurales dependerán en gran medida de la incorporación de las nuevas tecnologías y del compromiso de los ciudadanos.

Importamos más de 600 millones de barriles de petróleo al año que suponen el 70% del consumo energético del país. El precio fluctúa, generalmente al alza. En 1998, cuando se aprobó la Ley de Hidrocarburos, estaba a 10 euros, a finales de 2010 en 67 y en la actualidad, a consecuencia de la inestabilidad en los países productores del norte de África y Oriente Medio, está por encima de los 82 euros. El aumento de 10 euros en el precio del barril tiene un coste para España de 6000 millones de euros al año.

Para paliar los efectos de la subida, el Gobierno ha aprobado un Plan de Ahorro Energético, que permitirá reducir un 5% las importaciones, 28 millones de barriles, que tienen un coste de 2300 millones de euros al precio actual. La inversión asociada a este plan es de 1151 millones de euros, financiados al 80% por las empresas eléctricas a través del fondo destinado a la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética.

Las medidas contempladas en el Plan, que van acompañadas de una campaña de sensibilización ciudadana, afectan al transporte y la movilidad, la iluminación, el consumo eléctrico y a la eficiencia energética de las edificaciones.

En materia de transporte y movilidad se reduce la velocidad máxima a 110 Km/h. en autovías y autopistas, se fomenta el transporte público rebajando un 5% el precio de los billetes de cercanías y media distancia y se destinan 262 millones de euros a los ayuntamientos para planes de movilidad urbana. También se favorece la renovación de neumáticos aportando 20 euros por unidad, hasta un máximo de 240.000 y se eleva al 7% el porcentaje de biodiesel en el combustible para vehículos.

Para reducir el consumo en la iluminación de las ciudades y pueblos, se establecen ayudas destinadas a la puesta en marcha de proyectos integrales, en los que se contemplan medidas que van desde la mejora de las redes de distribución, la renovación de las lámparas de vapor de sodio por otras más eficientes y la automatización de horarios en función de las condiciones climáticas y los usos sociales.

La mejora de la eficiencia energética en la edificación se favorece mediante líneas de créditos, gestionados a través del ICO, que se financian con el ahorro logrado, para la modernización y el aislamiento térmico de las instalaciones y el fomento del uso de la biomasa para la calefacción. 

           Ante este conjunto de actuaciones, avaladas por la experiencia contrastada en materia de ahorro energético y diversificación de las fuentes de suministro, que ha permitido reducir un 10% el consumo de productos petrolíferos en el periodo 2006-2010, la alternativa del PP ha sido un ataque de risa.

Reformas

Ha pasado el tiempo de las palabras, hay que pasar a los hechos. ya no hay espacio para el oportunismo de corto alcance. Es necesario gobernar para conquistar el futuro, para escribir la historia. Hay que hacerlo con el gesto sereno, la voluntad de trabajo y la búsqueda del pacto, porque es necesario sumar esfuerzos para llevar a cabo todas las reformas que España necesita, para avanzar en la recuperación económica y la creación de empleo. Es necesario trabajar con sentido de la responsabilidad, conscientes de las dificultades y del estado de ánimo de la sociedad, fruto de un momento de dificultades económicas y sociales muy serias, pero fortalecidos por la coherencia de un proyecto y de un compromiso de futuro con los trabajadores y con todos aquellos que más necesitan las políticas de igualdad de oportunidades, siempre vinculadas a los servicios y prestaciones públicas.

El gran objetivo estratégico debe ser el cambio del modelo productivo, a través de la realización de un ambicioso plan de reformas, para lo que necesitamos el mayor volumen de acuerdos y de consensos posibles, porque los cambios con acuerdos son más fuertes y tienen más credibilidad.

En estos momentos, por encima de las urgencias y de los intereses electorales inmediatos, es más necesario que nunca intensificar la negociación política, priorizar la voluntad de acuerdo y aportar la máxima flexibilidad en la búsqueda del entendimiento entre los interlocutores políticos, económicos y sociales. Algo que no acaban de asumir los dirigentes del PP, a los que se les han subido las encuestas a la cabeza y ya no les cabe ningún compromiso, ninguna idea, ningún programa.

En la legislatura pasada, cuando la situación económica lo permitía, el gobierno socialista llevó a cabo importantes reformas sociales, que consolidaron el estado de bienestar. Como la memoria es frágil es necesario recordar: el nuevo Sistema de Atención a la Dependencia que atiende hoy a más de 669.000 personas, el incremento de las becas en más de 400.000 beneficiarios, la subida del salario mínimo un 18%, el incremento de las pensiones más bajas un 27%, la cobertura del 80% de los desempleados y las políticas de apoyo a las familias.

La economía global y los avances tecnológicos exigen un esfuerzo ineludible de todos, para mejorar la competitividad y la productividad de nuestro modelo económico y social, no solo en España, sino en toda Europa. En este escenario, la crisis económica mundial ha puesto de manifiesto las limitaciones de nuestro modelo productivo y, en consecuencia, la urgente necesidad de acometer reformas estructurales, si queremos garantizar la recuperación económica, la creación de empleo y el mantenimiento del Estado de Bienestar. Las reformas casi siempre suponen esfuerzos y sacrificios para todos, suelen provocar críticas y resistencias, pero el tiempo y los resultados enfrentará a cada cual con sus responsabilidades históricas. Las dificultades del presente pueden aportar el impulso imprescindible para lograr una economía productiva, competitiva, generadora de empleo y de bienestar social.

En este final de legislatura estamos asistiendo a un periodo de reformas estructurales que afecta al sistema financiero, al mercado laboral y al sistema de pensiones.

            Paralelamente estamos inmersos en un proceso de modernización de nuestro sistema productivo con reformas en el ámbito de la política industrial, el modelo energético, las políticas de ciencia e innovación tecnológica, la negociación colectiva, la formación profesional y las políticas activas de empleo. El objetivo estratégico es avanzar hacia un nuevo modelo productivo, que sea solidario, competitivo y eficiente y que esté asentado en la diversificación económica, en una mejor cualificación de nuestro capital humano, en el fortalecimiento de la cultura empresarial y en la incorporación de los avances tecnológicos.

La experiencia avala que las reformas en el sistema público de pensiones garantizan su sostenibilidad, por eso suelen abordarlas aquellos que más creen en su necesidad, porque la alternativa de no hacerlas sería poner en riesgo el modelo. Con la reforma, nuestro sistema de pensiones seguirá siendo público, universal y seguro para todas las generaciones. Las pensiones podrán seguir subiendo y nuestras cuentas públicas serán equilibradas y fiables. Nada hay más progresista que pensar en los que se van a jubilar dentro de 15, 20 o 30 años y actuar para que no tengan problemas. El incremento de la esperanza de vida y el retraso en el acceso al empleo exigían tomar medidas como el incremento gradual de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, tomando en consideración factores como las profesiones penosas o que comporten riesgos, los años cotizados, el cómputo de los jóvenes becarios y de las mujeres con hijos, etc.

El drama del paro, que tanto afecta a la exclusión social de muchas personas, exigía la reforma urgente de las políticas activas de empleo, aprobada por el Gobierno en cumplimiento del Acuerdo Social y Económico. Esta reforma establece una atención directa e individualizada a cada persona que esté en el paro, con el objetivo de mejorar su empleabilidad, es decir su capacidad para encontrar otro empleo. Hacia ese objetivo se volcarán las ayudas públicas, canalizadas a través de un Plan de Choque dirigido a estimular la contratación de jóvenes y parados de larga duración. También se ofrecerá formación y ayuda económica a aquellos desempleados que hayan agotado todas sus prestaciones. En relación con la reforma del sistema financiero, primero fue necesario garantizar su solvencia, después se estimularon las fusiones para lograr entidades más operativas y ahora se trabaja en mejorar su capitalización, para que puedan ayudar a la economía, realizando su labor que es facilitar crédito a empresas y familias.

Detrás de un plan de reformas y modernización económica de esta envergadura, debe estar todo el país. El logro de esa conciencia colectiva solo es posible desde el acuerdo. Por eso es tan importante la señal que hemos dado con el Acuerdo Social y Económico, alcanzado entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios, en un ejercicio de gran responsabilidad por parte de los agentes económicos y sociales.

Porque, ante todo, es un compromiso de confianza en nosotros mismos: en España, en los trabajadores y en los empresarios. Un gran compromiso en el que reafirmamos nuestra capacidad de competir, de crear buenos productos y de avanzar en prosperidad. Un acuerdo que hay que ampliar a otros campos y en el que deben participar otros interlocutores políticos en su tramitación parlamentaria para que se sustancien como leyes.

El ladrillo de los banqueros

(Publicado en "La Voz de Cádiz" el 19 de Enero de 2011)
Según 'The Economist', la exposición del sistema financiero español al ladrillo se eleva al 42% del PIB. Según los gurús del mercado, sanearlo para recuperar la confianza internacional exigiría cuantiosos recursos económicos, que Moody,s cifra en 17.000 millones de euros y UBS en 120.000 millones. ¿Quién da más? ¿Cómo puede haber planteamientos tan escandalosamente diferentes entre entidades especializadas en la materia y cuyos planteamientos pueden hacer encarecer la deuda y tambalear a la Bolsa?

 

Estamos a merced de los operadores del mercado, los que tienen «la sartén por el mango y el mango también», los que más ganan, los que tienen la información para 'picar billete' cuando las cosas se ponen feas, los que deciden qué hacer con el dinero del personal, los que antes se prejubilan con el dinero de todos, los que administran los fondos de inversiones, los planes de pensiones, los depósitos bancarios y toda esa gama de productos que ofrecen las entidades financieras a sus clientes para colocar sus ahorros.

El problema es el ladrillo, o su ausencia. Unas veces porque hay muchos y otras porque han puesto pocos. La preocupación de los mercados, o su coartada para ponerse las botas de la rentabilidad encareciendo la financiación de la deuda, es el ladrillo; el de la hipoteca, el que aparece supervalorado en los activos de los bancos y cajas de ahorros, el que falta en muchos solares que se compraron a precios de oro para dar un pelotazo inmobiliario, suelos en los que no se levantaron las viviendas previstas porque llegó la crisis.

La culpa es del ladrillo que trajo la hipoteca engordada y que muchas familias no pueden pagar, porque los bancos estaban ansiosos por concederlas cuanto más grande mejor, al ciento cincuenta por ciento de la tasación de la vivienda. Fueron vulnerables a los cantos de sirena del operador financiero de la esquina que les decía: . «y aprovecha para amueblar la casa, comprarte un coche nuevo y hacer un viaje.» Una fábula con muchas moralejas para que todo el escalafón de los expertos, ésos que representan al mercado, pudieran cobrar sus comisiones, incentivos y productividades.

España está cumpliendo los compromisos de control del déficit y tiene una deuda pública reducida en términos de PIB, si la comparamos con el resto de los países europeos más punteros, pero el problema es que los expertos creen que inevitablemente el Estado asumirá el marrón de las hipotecas impagadas, como hizo Irlanda, lo que provocará un incremento del déficit, que inevitablemente habría que cubrir con la emisión de deuda en los mercados internacionales.

El problema mayor está en las cajas de ahorros de reducido tamaño y escaso margen de maniobra, pero está costando la misma vida reforzar su solvencia y rentabilidad a través de las fusiones. En este escenario, hemos asistido a espectáculos tan bochornosos como el de Cajasur, protagonizado por la Iglesia y los dirigentes del PP, que primero legislaron para sustraerla al control de la Junta de Andalucía y luego prefirieron entregársela a una caja vasca, antes que fusionarla con Unicaja, que planteó una alternativa más barata para el erario público y con menos coste de personal. Con esta maniobra incomprensible e injustificable han puesto dificultades, una vez más, al objetivo estratégico de que Andalucía cuente con entidades financieras con dimensión suficiente para estar presente en los grandes proyectos industriales y tecnológicos de futuro.

Hasta ahora se ha insistido machaconamente que el problema era el déficit de las administraciones públicas y la necesidad de endeudarse para cubrirlo, pero se están cumpliendo los compromisos de reducción del gasto, de avanzar hacia el equilibrio presupuestario. Cumple el Gobierno de España, la mayor parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en un escenario en el que se está poniendo en cuestión la coherencia del discurso de oposición del PP que exige recortes y reformas, frente a su comportamiento allí donde gobierna; por ejemplo, el ayuntamiento y la comunidad autónoma de Madrid, dos de las instituciones más endeudadas y con mayor déficit del país.

Arenas ha pedido al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía más dinero para sus alcaldes, claro que él es especialista en defender una cosa y la contraria, en exigir recortes del gasto público y pedir más dinero para los ayuntamientos del PP. Cuando otros tienen dificultades financieras es por el despilfarro, cuando el problema es de las instituciones que gobiernan es porque los socialistas no les dan suficiente dinero.

La Junta de Andalucía es la comunidad autónoma que más recursos económicos transfiere a los ayuntamientos, a través de los fondos de nivelación y los planes de cooperación municipal. Ha sido también la primera en legislar para establecer la participación de las corporaciones locales en los impuestos que recauda, lo que no ha hecho ninguna de las autonomías gobernadas por el PP, las que coordina Arenas desde la dirección estatal de su partido.

Aunque Rajoy sigue disfrutando de su plácida y perenne siesta en el sofá de Peridis, en los últimos días diferentes portavoces del PP, encabezados por el jefe Aznar, han insistido en que el Estado de las Autonomías es inviable, haciéndolo culpable del desequilibrio en las cuentas públicas, aunque parecen olvidar que el Estado somos todos: administración central, autonómica y local (ayuntamientos y diputaciones). No es ninguna novedad, los dirigentes del PP nunca han apoyado el modelo de estado contemplado en la Constitución, tal vez puedan confluir ahora con el catalán Mas, que coincide con ellos en que hay demasiadas comunidades autónomas. La pregunta del millón es: ¿cuál o cuáles suprimirían?

 La pregunta estaría dirigida sobre todo a Arenas, que debería dar la cara en este debate que ha puesto sobre la mesa su partido, por dos razones: porque es el responsable de la política autonómica en la dirección del PP y porque es el candidato a presidir la Comunidad Autónoma Andaluza, la que más ha contribuido a evitar los agravios entre los diferentes pueblos de España.

Hacia un nuevo modelo productivo

Publicado en Diario de Cádiz el 27 de Diciembre de 2010
EL Parlamento debatió y aprobó la semana pasada el Presupuesto de la Junta de Andalucía para el próximo año, marcado por el "compromiso social", la "austeridad", las "reformas" estructurales y la apuesta por un "nuevo modelo productivo".

Estamos ante unas cuentas públicas marcadas por la crisis económica y que suponen un gran esfuerzo de austeridad en el gasto corriente, un firme compromiso de abordar reformas estructurales en el ámbito de las administraciones públicas, para avanzar hacia la excelencia en los servicios y las prestaciones, y una decidida apuesta por la implantación progresiva de un nuevo modelo económico, orientado hacia la sostenibilidad y la competitividad de nuestro tejido productivo.

Los ingresos presupuestarios se siguen viendo afectados por la crisis, con una caída importante de la recaudación, lo que se compensa en parte a través de nuevas figuras impositivas de carácter progresista, que afectan entre otros a los depósitos bancarios y a las bolsas de plástico.

Experimentan una caída importante los recursos destinados a inversiones en infraestructuras, que pasan del 5 al 3% del PIB, más de 5.300 millones de euros, todavía por encima de la media de lo que destinan el resto de las comunidades autónomas a este fin. Hemos priorizado la cobertura de las necesidades sociales, especialmente en momentos en los que la crisis multiplica el colectivo de personas con dificultades económicas, aunque ello suponga hacer algunos kilómetros menos de autovía.

En relación con los gastos, suben los destinados a las políticas sociales, al fomento del empleo y la sostenibilidad medioambiental. El presupuesto garantiza la calidad de los servicios y prestaciones públicas, con partidas que suponen el 78% del gasto no financiero, manteniendo un firme compromiso en la aplicación de la Ley de la Dependencia, que nos sitúa a la cabeza de las comunidades autónomas, con un 30% del conjunto de los recursos que se destinan a este fin en España.

En materia de empleo, las cuentas públicas aprobadas prestan una especial atención a los colectivos que encuentran más dificultades para acceder a una ocupación; mayores de cuarenta y cinco años y jóvenes con escasa formación, que abandonaron el colegio para incorporarse al trabajo atraídos por ofertas de empleo vinculadas a la construcción, cuya caída les ha conducido a la falta de expectativas de acceder a otras actividades que exijan una mayor cualificación profesional.

En materia de gasto, los Presupuestos de la Junta se comprometen con el cambio progresivo de nuestro modelo económico, en primer lugar, haciendo mejor lo que ya hacemos bien en los sectores vinculados con la producción y la industrialización agraria y la configuración de una oferta turística de excelencia y, en segundo lugar, continuando la apuesta por la innovación y la investigación en sectores clave tales como las energías limpias, las industrias biomédicas y la sostenibilidad medioambiental.

Frente al discurso del oportunismo, el populismo y la demagogia que ha caracterizado a los portavoces de la derecha andaluza representada por el Partido Popular, obsesionada con lograr el poder a cualquier precio, con el recurso a la propaganda mentirosa financiada con fondos públicos, en lo que algunos como el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha llegado al virtuosismo del despilfarro y la desvergüenza, los presupuestos de la Junta son una herramienta de vital importancia en la batalla contra los tópicos que lastran la imagen de Andalucía y suponen un compromiso con el desarrollo de la investigación y la modernidad, con el pensamiento y la iniciativa creativa, con la solidaridad y la calidad de vida de los andaluces.