martes, 28 de diciembre de 2010

Los mercados, la zorra y las gallinas.

Qué lejos y qué cerca los tiempos del capitalismo industrial y la economía de servicios en las sociedades occidentales desarrolladas, que cristalizaron en el estado de bienestar, con mucho sacrificio y lucha de los trabajadores, de las organizaciones que han conformado la socialdemocracia histórica. Hemos convivido con él, esforzándonos en mejorarlo, con avances progresistas y retrocesos conservadores, con naturalidad, considerándolo irreversible. Hasta que llegó esta crisis con más ramificaciones que una hidra sembrada en estiércol maduro de ave.

Antes, los que tenían una idea y conseguían los recursos necesarios para ponerla en marcha montaban una fábrica, contrataban una plantilla de trabajadores que transformaban con su esfuerzo, herramientas y cierto aporte de energía, determinados recursos naturales en productos manufacturados. Su utilidad y una estrategia comercial adecuada, determinaban la demanda y el precio, y con ello la rentabilidad de la empresa. Hoy, los mercados son las fábricas en las que se producen las plusvalías del presente. Solo tienen acceso los que tienen dinero, no necesitan las manos que laboran, no producen mercancías, bienes o servicios. Generan nada más ni nada menos que intereses financieros, cotizaciones, primas, etc.

Ya no es necesario producir para obtener ganancias, no se obtienen beneficios fabricando, sino especulando, lo importante es meter el dinero en los fondos de inversiones adecuados, los mejor retribuidos. Pregunten en su banco y le ofrecerán una cartera muy variada, ajustada a sus fobias, preferencias, gustos o necesidades. Solo se exige algo imprescindible: disponer de capital. Si usted solo tiene la fuerza de sus manos y su inteligencia, no lo intente, evítese la frustración de una negativa inevitable, aunque siempre educada. Faltaría más.o menos. 

Antes, el dinero con mayúsculas estaba en manos de unos cuantos, ahora de unos cuantos menos, pero hay muchos, cientos de miles, millones que también lo tienen aunque con minúsculas. Es lo que llaman la socialización del capitalismo, un fenómeno que ha venido de la mano de las clases medias; ese colectivo heterogéneo, hijo de la socialdemocracia que ha venido a desterrar la lucha de clases, al menos mientras todo vaya bien.

En este escenario las decisiones, sobre qué hacer con el poco dinero de muchos, que es mucho, las toman unos cuantos en nombre de todos los que no preguntan cuándo, dónde, cómo ni por qué. Solo miran el extracto bancario mensual que certifica la rentabilidad de los depósitos, mientras se quejan o maldicen, dependiendo de los resultados, de la voracidad de los especuladores y la volatilidad de los mercados.

Como se puede apreciar a diario en las tertulias radiofónicas, también queda elegante y refinado criticar a los gobiernos que destinan recursos públicos a garantizar la solvencia de las entidades financieras, soslayando que la alternativa sería la quiebra del corralito argentino que la mayoría lleva en la cartera. Tiene escasa épica la certeza de que todo podría ser aun peor, como cuando intentamos convencer a alguien que ha tenido la inmensa suerte de no perecer en el incendio que ha calcinado toda la casa. Ya saben: «mal de muchos consuelos de...».

El problema parece estar en que esos pocos, que deciden qué hacer con lo de muchos, son versos sueltos y van a su bola. Son como la banca del casino financiero en el que se ha convertido la economía mundial, ellos nunca pierden. Se repartieron incentivos multimillonarios por la gestión de los fondos basura, los que estuvieron en el origen de la crisis que nos asola a todos y lo siguen haciendo como directivos de los bancos salvados con el dinero de todos.

La seguridad pública depende de la policía y el estado de derecho del policía que vigila al policía, aunque como nada es perfecto, para los escépticos la ecuación se conjuga al infinito. Sin embargo, en materia financiera estos virtuosos de la avaricia han logrado la cuadratura del círculo mediante un sistema de auditorías que, como las encuestas electorales, las cocinan quienes las pagan. Han llegado a tal nivel de sofisticación que, camuflados bajo el mágico referente de «los mercados» han decidido prestar más confianza a lo que dictaminen las agencias de evaluación de riesgo que a lo que certifiquen los bancos centrales. ¿Qué importancia tiene que el Banco de España avale nuestro sistema financiero frente al informe de un experto de la agencia de evaluación de riesgo de turno? Qué flaca es la memoria interesada; ya hemos olvidado que las grandes firmas auditoras internacionales certificaron la solvencia financiera de los Morgan Stanley y compañía hasta el mismo día de su quiebra.

Que el bienestar de todos dependa del informe elaborado por un 'experto' y avalado por la agencia de turno, ambos a sueldo de esos pocos que administran el dinero de muchos, es como «poner a la zorra al cuidado de las gallinas». El argumento recurrente es que el granjero afanoso está politizado, mientras que el canino sigiloso es un experto neutral en la materia.

Ya es sabido que la política lo contamina todo, desde que lo inmortalizó el nefando caudillo con aquello de: «Usted haga como yo, no se meta en política». Para esos pocos que administran el dinero de muchos cabría traducirlo en algo parecido a: deme su dinero y no pregunte, será mejor para todos, mientras piensa pero calla, especialmente para mí.

Inasequible al desaliento, la derecha española lo tiene claro: menos política y más confianza frente a la crisis. Siempre ha pensado, aunque se ha esforzado en ocultarlo, que esto solo se arregla metiendo en vereda a esa gente que se ha acostumbrado al todo gratis: la educación, la salud, los pensiones, la dependencia, etc. ¡Qué despilfarro! Ellos las suprimirían de un plumazo, perdón, de un decretazo, pensando en la cantidad de empresas que se lo podrían montar en estos sectores.

Porque hay que dejarse de pamplinas y paños calientes, el PP está en contra de la reforma del mercado laboral o de las pensiones. Todo sea por recuperar la confianza de los mercados. Claro que puestos a practicar esa fea costumbre humana de pensar, cabría preguntarse: ¿para qué los necesitaríamos si se toman radicalmente en serio esa consigna, que en privado defienden, de cerrar el grifo?

miércoles, 1 de diciembre de 2010

AUTÓNOMOS


                        Empleo, protección social y crecimiento económico son los tres ejes básicos sobre los que se articula el proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía para el próximo ejercicio. Es en los momentos de crisis económica cuando un sector de la población corre más riesgos de sufrir la desigualdad, cuando se vuelve más vulnerable al azote de la marginación y el desarraigo. En esta situación los poderes públicos deben asumir el compromiso de garantizar unos mínimos vitales a través del mantenimiento del Estado de Bienestar, que en nuestro caso se concreta en la educación, la salud, las ayudas a la dependencia, las pensiones y en general los servicios públicos y las prestaciones sociales.

Para que el modelo social sea sostenible en el medio y largo plazo es necesario resolver el problema del desempleo, fomentando un nuevo modelo de crecimiento económico menos dependiente de la construcción, aunque contando con la reactivación de este sector, más asentado en la cualificación profesional y en la implantación de las tecnologías más eficientes.

La formación es la mejor herramienta para encontrar trabajo, por eso el Presidente Griñan ha colocada a la educación en el centro del debate político, situándola como la máxima prioridad, la mejor inversión de futuro, la mayor herramienta para avanzar hacia un nuevo modelo productivo más eficiente y competitivo en el marco de una economía global.

El fomento de la cultura emprendedora está presente en el presupuesto para 2011 de la Junta de Andalucía como una política transversal que afecta a todos los departamentos. A la Consejería de Empleo se le encomienda la responsabilidad del Plan Proyecta que con una asignación de 510 millones de euros, debe poner en marcha planes específicos y preferentes para la formación de los colectivos que más dificultades encuentran para encontrar trabajo: mayores de 45 años, jóvenes sin formación y emprendedores autónomos.

Hay que hacer un esfuerzo de pedagogía social para desterrar la idea de la edad como barrera para la productividad y la eficiencia, porque la experiencia es un activo y el incremento de la esperanza de vida hace imprescindible subir la edad de jubilación para la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Hay que recuperar a esa generación que abandonó precipitadamente la escuela para acceder a un empleo fácil, vinculado a la burbuja inmobiliaria, que se encuentra ahora sin trabajo, con importantes caras financieras a sus espaldas, con responsabilidades familiares y sin formación para acceder a otra actividad.

En todo caso, es necesario cambiar el paradigma de la formación para el empleo, que actualmente sitúa las mayores expectativas en el empleo público y en el empleo por cuenta ajena, para situarlo en el autoempleo. Hay que pasar de los demandantes a los oferentes de ocupación.
El sector público está en proceso de ajuste, de reestructuración, de adelgazamiento, por lo que ofrecerá escasas posibilidades de acceder al empleo en el futuro. La globalización con su correlato de conformación de oligopolios multinacionales no apuesta por complejas instalaciones que ocupan a miles de personas, sino que optan por externalizar al máximo los procesos industriales a través de empresas auxiliares más pequeñas y ajenas a las grandes corporaciones. Cada vez es más difícil atraer una gran inversión empresarial y cuando se logra viene acompañada del riesgo latente de la deslocalización.

En este escenario parece cada día más evidente que el trabajo autónomo debe ser una de las apuestas claves para la conformación de un modelo de desarrollo económico eficiente, competitivo y sostenible. La condición necesaria, aunque puede que no suficiente, es el cambio de la mentalidad social imperante que ya desde hace muchos años ha venido recomendando a las nuevas generaciones «comer de olla grande».

El autónomo es una pieza muy preciada en la batalla electoral y siempre tiene un espacio relevante en el argumentario político de los partidos, todos conscientes de que constituye la argamasa de la clase media, siempre determinante en la conformación de las mayorías parlamentarias. La derecha española siempre lo ha tenido presente en sus programas y discursos, pero nunca en la literatura del Boletín Oficial del Estado.

Por fin en esta legislatura, a propuesta del gobierno socialista presidido por Zapatero, el Parlamento Español ha aprobado la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, en la que se recogen por primera vez los derechos y deberes del colectivo. En el mes de agosto del presente año salió adelante la Ley del Sistema de Protección por Cese de Actividad, que implanta la percepción por desempleo de los autónomos, así como otras medidas de fomento tales como la orientación profesional, la formación y el asesoramiento técnico y legal.

En Andalucía la importancia económica y social del sector, que ocupa a más de 471.000 personas, se pone de manifiesto por su presencia en el VII Acuerdo de Concertación Social en Andalucía, en el que se asume el compromiso público de promover el empleo autónomo y favorecer la cultura emprendedora.

Nuestra comunidad autónoma es la primera de España en poner en marcha una iniciativa legislativa en la materia. El borrador de la nueva ley plantea los objetivos de: favorecer la participación, mejorar el tejido productivo, regular las políticas públicas, facilitar la conciliación familiar y laboral, impulsar la titularidad compartida, mejorar la financiación, la cualificación profesional, la creación de empleo y las bonificaciones fiscales. El texto a debate también regula las asociaciones y entidades representativas, apuesta por un sistema extrajudicial de resolución de conflictos y crea el Consejo Andaluz del Trabajador Autónomo.

Las asociaciones más representativas (UPTA, CEAT y ATA) aunque reconocen el avance legislativo que consolida los derechos sociales de los autónomos, advierten de las dificultades por las que atraviesan a consecuencia de la crisis, exigen el reconocimiento de su capacidad de representación e interlocución y demandan una solución urgente al problema de la morosidad de las administraciones públicas.

jueves, 11 de noviembre de 2010

Quede claro como el agua

Publicado en "Diario de Cádiz" el 11 de Noviembre de 2010








EL PP ha decidido recurrir la nueva Ley del Agua aprobada por el Parlamento de Andalucía el pasado mes de julio. Con este motivo está llevando a cabo una campaña política a través de la presentación de mociones en los ayuntamientos en los que gobierna. En los debates que se van celebrando en los diferentes plenos municipales, los portavoces del PP pretenden confundir a los ciudadanos con falsedades e interpretaciones maliciosas de la Ley.

Es falso que la nueva Ley suponga la implantación inmediata de hasta cuatro nuevas figuras impositivas, que provocarán una subida del 100% del recibo del agua en los próximos años, salvo que esa sea su intención allí donde gobiernan y quieran confundir a los ciudadanos trasladando dicha responsabilidad a la Junta de Andalucía.

Se falta a la verdad cuando se afirma que a partir del próximo 1 de enero se comenzarán a cobrar los nuevos impuestos, porque aún no se ha aprobado el desarrollo reglamentario de la nueva Ley del Agua, imprescindible para implantar las medidas económicas que en ella se contemplan.

En cumplimiento de la Ley del Agua y de la Directiva Europea que obliga a los estados miembros a la aplicación efectiva del principio de "recuperación de costes" a partir del presente año, la Junta de Andalucía tiene intención de establecer el canon de mejora en toda la Comunidad Autónoma, una figura impositiva que ya se viene aplicando desde 1996 en muchos ayuntamientos gobernados por el PP. Para evitar la doble imposición, la cuantía del nuevo canon de mejora se deducirá del actual en aquellos municipios en los que ya se cobra, entre los que está el ayuntamiento de Cádiz.

Las comunidades autónomas han establecido en su marco legal la aplicación de esta figura tributaria, dirigida al saneamiento y depuración de sus aguas, en los términos que se recogen a continuación y calculados para una familia media cuyo consumo mensual sea de 10 m3 (10.000 litros). El coste oscila entre los 8,27 euros/vivienda/mes de Aragón y los 0,60 euros del País Vasco. Andalucía sería el segundo más bajo con 1,24 euros, Cataluña tiene establecido un canon de 3,76 euros y en las autonomías gobernadas por el PP las tarifas son: en la Comunidad de Madrid 4,22 euros; en la de Galicia 2,06 euros y en Valencia 3,42 euros, etcétera.

Para hacernos una idea de lo que el canon andaluz significará para el ciudadano, tenemos que tener en cuenta la media familiar de consumo de 10 m3 de agua por vivienda y que el precio medio de un litro de agua envasada en España es de 0,26 euros, según la Unión de Consumidores y Usuarios. Con esta cantidad se pagaría el equivalente a 2.096 litros de agua de la red, con la aplicación del canon autonómico previsto. Es decir, que con lo que cuesta una garrafa de 5 litros de agua envasada, un ciudadano podría pagar un mes completo de este canon.

Por otra parte, actualmente existe un canon de regulación y la tarifa de utilización del agua para los usuarios fuera del ámbito urbano. Concretamente, para aquellos usuarios que se benefician de infraestructuras financiadas por la Administración del Agua (presas, conducciones, etc.). Estos cánones se pagan por tres conceptos: un porcentaje de la inversión de la presa, los costes de mantenimientos y los gastos de administración.

Con la nueva Ley, la parte del gasto de administración se distribuye entre todos los usuarios, incluidos los que ahora no pagan, como los que utilizan las aguas subterráneas y las empresas hidroeléctricas. Con esta medida se produce un cambio del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua, porque los que están pagando estas tasas, municipios y regantes, van a ver que su importe baja, porque los costes se reparten entre más usuarios.

La Ley de Aguas de Andalucía es solidaria porque apuesta por la cohesión territorial y social, fomenta el ahorro y castiga el despilfarro, es sostenible porque incorpora el principio de la recuperación de costes y evita la discriminación al exigir que todos paguen por lo que reciben.

La aplicación del canon de mejora en toda la comunidad autónoma permitirá llevar a cabo un plan de infraestructuras que garantice la calidad medioambiental de de las aguas y de los cauces públicos por los que discurren. Este canon garantizará la igualdad y la homogeneidad entre todos los ciudadanos andaluces, tanto en lo que pagan como en la calidad del servicio que reciben.

Los andaluces han demandado, a través del Acuerdo Andaluz por el Agua, una gestión sostenible de este recurso natural limitado y de vital importancia para el desarrollo económico y social de nuestra tierra. La participación y el consenso de todos los usuarios y de toda la ciudadanía en general es imprescindible para articular un proyecto de futuro con el que lograr que todas las masas de agua de la comunidad autónoma alcancen un buen estado ecológico en el horizonte del año 2015.

La campaña política para justificar la impugnación de la nueva ley ante el Tribunal Constitucional es una muestra más de la resistencia al cambio, la defensa de los viejos privilegios de los que hicieron del agua y de los cauces públicos un recurso privado, la negativa a apostar por el interés general y un nuevo intento de manipulación de los ciudadanos.

El agua es un recurso natural limitado de vital importancia para la calidad de vida de los ciudadanos, que hay que gestionar desde la solidaridad y la sostenibilidad, de los caudales y de los cauces, de los ecosistemas fluviales y de los seres vivos que lo conforman, incluidos los seres humanos, tal y como los contemplan el movimiento internacional de las Naciones Unidas conocido como MAB: "hombre y biosfera".           

Empleo, políticas sociales y recuperación económica

 Publicado en "Diario de Cádiz" del 1 de Noviembre de 2010.

Los tres ejes del presupuesto de la Junta de Andalucía para 2011 son: el empleo, las políticas sociales y la recuperación económica. Se prevé un crecimiento del 1,3% del PIB y la creación de 24.000 puestos de trabajo. La creación de empleo es la máxima prioridad del gobierno andaluz, por lo que los recursos destinados a su promoción crecen el 3,5%, superando los 1.333 millones de euros. 

A través del Plan Proyecta, dotado con 510 millones de euros, se pretende atender especialmente a los colectivos que tienen más dificultad para acceder al mercado laboral: los mayores de 45 años y los jóvenes sin formación. Para el fomento del empleo autónomo se dispone de 25 millones de euros para llevar a cabo un Plan Estratégico dirigido a este sector.

El gasto social es prioritario porque en tiempos de crisis existen más riesgo de exclusión y de desigualdad para amplios colectivos sociales, lo que hay que combatir a través de los servicios públicos y las prestaciones asistenciales. Los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011 destinan más del 78% del total no financiero a las políticas sociales, más de tres de cuatro euros van dirigidos al mantenimiento de los pilares del Estado de Bienestar.

El gasto en educación crece el 1,3% hasta los 7.485 millones de euros, lo que permitirá: que el sistema educativo disponga de 680 profesores más, crear 11.053 nuevas plazas de infantil, repartir 100.000 ordenadores y poner en funcionamiento 3.111 nuevas aulas 2.0, para el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación.

El presupuesto destina más de 9.390 millones de euros a sanidad, 1 de cada 3 euros, para mantener la calidad de las prestaciones, mejorar la accesibilidad de todos al sistema público sanitario y avanzar en la investigación biomédica, en la que Andalucía seguirá estando en la vanguardia nacional e internacional.

Los servicios y prestaciones sociales crecen un 2,4%, con una dotación superior a los 2.056 millones de euros, con especial referencia a la aplicación de la Ley de la Dependencia, cuya dotación crece el 8,7%, lo que permitirá atender a más de 173.000 beneficiarios, que representan el 27,6% de los que reciben cobertura en toda España.

En el marco de los principios de la "Estrategia Europea 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador", el Presupuesto de la Junta de Andalucía se propone impulsar un cambio de modelo productivo acorde con las potencialidades de nuestra región. Es lo que hemos venido en denominar "Estrategia para la Andalucía Sostenible", que impulsa las políticas más directamente relacionadas con los retos del futuro: la formación de nuestro capital humano, la innovación de nuestro tejido productivo, la gestión sostenible de nuestros recursos naturales y energéticos, la mejora de nuestros sectores agroindustrial y turístico, en los que somos referentes internacionales, y la modernización de las administraciones públicas.

En el apoyo al tejido productivo y a la actividad empresarial destacan: el programa de internacionalización de la economía andaluza dotado con más de 46 millones de euros, los fondos para la generación de espacios productivos que cuenta con más de 50 millones de euros, el programa de desarrollo rural que se sitúa por encima de los 116 millones y las partidas de apoyo a las pymes agroalimentarias, turísticas, comerciales y culturales con más de 141 millones

El presupuesto confirma el compromiso del Gobierno Autónomo con los ayuntamientos, a los que se duplica la financiación no condicionada hasta alcanzar la cifra de los 420 millones de euros, a los que hay que sumar el Plan de Cooperación Municipal que crece el 11,45% hasta situarse en una cifra superior a los 1.362 millones de euros.

Los presupuestos de la crisis han de ser necesariamente austeros por el descenso de la recaudación, lo que sumado a los compromisos de estabilidad presupuestaria y límite de endeudamiento, provoca un descenso de los ingresos superior al 6% en relación con el ejercicio anterior. En todo caso, hay que recordar que aunque se llega al máximo del endeudamiento autorizado, un 1,3% del PIB, Andalucía es una de las comunidades autónomas menos endeudada ya que se sitúa 3 puntos por debajo de la media.

Por el contrario, el capítulo de inversiones es superior a las 5.386 millones de euros, un 3,6 % del PIB, muy por encima del resto de las autonomías que se sitúan en el 2,8%. En la provincia de Cádiz el esfuerzo inversor se traducirá en la mejora de las infraestructuras de comunicaciones de la Costa Noroeste y la Sierra, así como en la modernización de las instalaciones hospitalarias de La Línea, Vejer, Algeciras, Jerez, Cádiz y Puerto Real.

Los Presupuestos de 2011 incorporan, por sexto año consecutivo y elaborado por todas las consejerías, un Informe de Evaluación de Impacto de Género, que analiza especialmente la incidencia de los programas transversales, en relación con la autonomía económica de las mujeres y su participación en el mercado laboral, en la consideración de que la igualdad no solo es un objetivo importante en sí mismo, sino que también es una herramienta que contribuye a conseguir otros fines, como el de lograr una economía más eficiente y un mayor desarrollo económico y humano.

En cumplimiento con los compromiso adquiridos por la Unión Europea en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de acuerdo con lo contemplado en la Carta de las Mujeres y en la nueva Estrategia Europea para la Igualdad 2010- 2015, el informe se estructura en torno a las tres R: realidad, representación y recursos-resultados. La primera analiza la evolución de los resultados, la segunda analiza la situación de la mujer en la administración pública y la tercera evalúa la incidencia de los programas presupuestarios sobre los hombres y las  mujeres.

jueves, 14 de octubre de 2010

Libro seleccionado

Prueba del Rincón de la Cultura

Tal como éramos






Curriculum

Nacido en Alcalá de los Gazules, el 26 de enero de 1953, y Profesor de E.G.B.

Fue Fundador del PSOE en el que ingresó en el año 1971.

Secretario general del PSOE por la provincia de Cádiz (1983-89) y Secretario de Administración de la Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía, desde 1994.

También ha sido Concejal del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules (1979-85), Diputado provincial por Cádiz (1979-1983), Vicepresidente de la Diputación Provincial de Cádiz (1983-85), Delegado de Gobernación en Cádiz (1985-94) y Presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de Grazalema desde 1985. Nombrado, en septiembre de 1994.

Viceconsejero de la Consejería de Medio Ambiente, así como presidente de la Agencia de Medio Ambiente.

Desde septiembre de 1994, vicepresidente del Patronato del Parque Nacional de Doñana. Consejero de Medio Ambiente (1996-2000), Parlamentario andaluz (1996-2004) y Presidente de la Comisión de Empleo y Desarrollo Tecnológico (2000-2004).

Actualmente es Secretario Primero de la Mesa del Parlamento de Andalucía.

Semana del 11 al 17 de Octubre de 2010


Miércoles 13 y Jueves 14 de Octubre


16:30 – Sesión Plenaria

Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno 8-10/POP-000450, relativa a Comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz)
PROPONENTE/S: Ilma. Sra. Dª. Regina Cuenca Cabeza, Ilmo. Sr. D. Fernando Manuel Martínez Vidal (G.p. Socialista)


Pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno 8-10/POP-000456, relativa a nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos
PROPONENTE/S: Ilmo. Sr. D. José Muñoz Sánchez, Ilmo. Sr. D. Felipe Jesús Sicilia Alférez (G.p. Socialista)

miércoles, 29 de septiembre de 2010

Huelga la huelga

Publicado en "La Voz de Cádiz"

 Lo decía estos días Javier Solana: «El poder se desplaza del Atlántico al Pacífico. ¿Cómo nos vamos a adaptar?». El eje Europa-Norteamérica, que ha venido marcando la pauta de la historia, ha perdido su hegemonía, con la incorporación de nuevas áreas emergentes en el concierto internacional.


Estos cambios se han visto acelerados por el proceso imparable de la globalización y exigen un esfuerzo de adaptación a la vieja y joven Europa, si queremos estar presentes en la gobernanza del planeta y en la defensa de un modelo que garantice las libertades políticas y la protección social.

En este escenario y como consecuencia del mismo, estamos inmersos en la mayor crisis económica de la historia en su múltiple dimensión ambiental, energética, alimentaria, financiera, etc. La información y la economía son cada vez más globales pero la política no, ya que el imperio ha perdido la capacidad de garantizar la estabilidad y las plataformas de encuentro tales como el G 8 y el G 20 se muestran incapaces de imponer las reglas del juego a los mercados.

Todos estos cambios nos exigen una urgente adaptación a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades. El problema principal es asumir la necesidad de hacerlo, ser coherentes con lo que pensamos y sabemos. Dejar de escurrir el bulto y asumir responsabilidades; en palabras de Zapatero: «Hacer lo que haya que hacer, cueste lo que cueste».

Hasta ahora y a la luz de los resultados la respuesta de la Unión Europea ha sido manifiestamente insuficiente. Hemos intentado resolver las dificultades que han venido planteándose, a medida que disminuía nuestra capacidad para competir en los mercados internacionales, con una huida hacia adelante, multiplicando el déficit público y el endeudamiento exterior. En definitiva, viviendo por encima de nuestras posibilidades, entendidas en términos de recursos, tecnologías y capacidades productivas reales.

En nuestro país, llevamos mucho tiempo diciendo que nuestro sistema de pensiones no es sostenible, sin acometer las reformas necesarias. Todo el mundo admite que nuestro mercado laboral es excesivamente rígido y poco adecuado para el modelo productivo de la economía global, pero todos los intentos de incorporar cambios han sido contestados con la convocatoria de huelgas generales.

En la sociedad de la comunicación en la que la visualización se ha convertido en la esencia de las cosas, el éxito de la convocatoria depende de lo que salga en pantalla; la imagen depende de que paren los servicios públicos del transporte y cierren los comercios.

Ambos asuntos están ajenos a la voluntad de los ciudadanos y por tanto ponen en cuestión la libertad para decidir sumarse o no a la convocatoria. Claro que, como decía un viejo dicho, «en la virtud llevan la penitencia», porque unas imágenes de grupos incontrolados reventando escaparates pueden empañar el éxito de cualquier protesta. Damos por seguro que los convocantes habrán tenido un especial cuidado en que no se les desmadren los piquetes informativos.

El acuerdo logrado entre el Gobierno y los sindicatos sobre los servicios mínimos, consolida la cultura de la concertación social como una de las señas de identidad de los gobiernos socialistas y supone un gran avance para lograr el equilibrio de derechos entre los quieran o no sumarse a la huelga. El día después habrá que retomar las conversaciones para alcanzar acuerdos que nos permitan avanzar en la solución de la crisis.

Desde la perspectiva socialista es difícil superar la contradicción que subsiste entre el deseo de que los sindicatos no queden deslegitimados y, al mismo tiempo, el Gobierno de Zapatero sufra el menor coste posible. Ellos no lo tienen más fácil cuando les asalte la duda de que la mayor parte de la cosecha de la huelga pueda terminar en los graneros electorales del PP, que en ningún caso estará por compensarles por los servicios prestados.

En la derecha lo tienen todo meridianamente claro; quieren un rotundo éxito de la huelga y el mayor coste posible para Zapatero, porque confían en que eso les ayude a tener la mayoría suficiente para liquidar a los sindicatos, siguiendo el guión de su referente y guía; la señora Thacher reencarnada en la señora Aguirre, que ha estado especialmente movilizada para incrementar el cabreo de convocantes y convocados.

En la estrategia de la simulación y el mínimo esfuerzo seguida al pie de la letra por el «holgazán político» Rajoy, según lo retrata el genial Peridis en las viñetas de 'El País', la clave está en que le hagan el trabajo de oposición la crisis o los sindicatos. Piensan que lo mejor es no interferir, ocultar el programa y hasta las intenciones, alentar los descontentos y favorecer la crispación, porque cuanto peor le vaya al país mejor les irá a ellos.

miércoles, 22 de septiembre de 2010

Gibraltar y el patriotismo de salón

Publicado en "La Voz de Cádiz" 13/08/2010


La Línea tiene su mayor fábrica de empleo en Gibraltar, pero su alcalde ha decidido cerrarla. Aunque es consciente de que no podrá lograrlo, porque no tiene competencias para ello, por el momento se esfuerza en provocar un expediente de regulación, a través de un peaje a sus visitantes, con el que espera resolver la bancarrota municipal.

Es un viejo recurso de los malos gobernantes inventarse un enemigo exterior, traspasar a otros los problemas y la responsabilidad. Marruecos está en estos momentos dando un cursillo acelerado sobre esta técnica, por lo demás ya vieja y depurada por todas las dictaduras y sus dictadores.

Como no pueden pagar la nómina ni hacer frente a los gastos de los servicios, la solución es fácil: que lo paguen otros: el Gobierno de España, la Junta, la Diputación o los visitantes de Gibraltar. Asumir la responsabilidad del gobierno municipal sería sacar adelante proyectos que pusieran en valor el potencial que ofrecen más de dos millones de visitantes, en el ámbito del turismo, el comercio y los servicios. En lugar de aprovechar el recurso económico que representan, el alcalde y su equipo de gobierno quieren echarlos, disuadirlos de que vengan.

La existencia de una colonia en Europa es un arcaísmo histórico que se mantiene en el tiempo en razón de la posición geoestratégica del enclave, que se ha mantenido bajo tutela británica como un ejemplo más de su virtuosismo en materia exterior y en la defensa de sus intereses internacionales. España no puede ni debe renunciar a avanzar en la recuperación de su integridad territorial. La soberanía es irrenunciable, pero no puede bloquear las soluciones prácticas a los problemas comunes que padecen las poblaciones a ambos lados de la Verja.

Este planteamiento ha sido reivindicado desde hace mucho tiempo por los socialistas y puesto en valor a través de un Foro de Diálogo que ha permitido abordar asuntos de gran interés público como la revalorización de las pensiones, el uso conjunto del aeropuerto y la mejora de las comunicaciones. Queda mucha tarea y las conversaciones deben continuar para abordar otras cuestiones como los problemas fiscales y ambientales y la seguridad. Las autoridades de Gibraltar deben ser conscientes de que el diálogo es como montar en bicicleta (si pedaleas, avanzas y no te caes), si acordamos asuntos de interés común, profundizaremos en la política de buena vecindad y mejoraremos las condiciones de vida de los habitantes de la zona. Si se empantanan las conversaciones volveremos a los discursos y soflamas que sólo buscan el enfrentamiento, el agravio comparativo y la manipulación política de los sentimientos identitarios.

La falta de legitimidad democrática y su debilidad internacional condujo al franquismo a un discurso de patriotismo de salón en el que Gibraltar no dejó de ser recurso para desviar la atención interna ante problemas políticos y sociales. Los dirigentes del PP, tan nostálgicos del régimen en tantos temas, han rescatado la vieja estrategia a pesar de que ha sido Aznar el que ha ido más lejos al plantear la cosoberanía.

La Línea y Marbella han sufrido la desgracia de un alcalde procedente del GIL y acogido por el PP que las ha conducido a la bancarrota y la degradación en todos los sentidos. La justicia ha expulsado a Juárez de la política, aunque con excesiva lentitud y retraso, debido a las estrategias de una defensa jurídica obstruccionista y dilatoria, orientada a alargar al máximo los numerosos sumarios, algunos de los cuales superan ya los diez años de tramitación sin que se hayan producido sentencias firmes.

Los gobiernos del GIL-PP, de los que ha formado parte el actual alcalde y de cuyas actuaciones es por tanto corresponsable, han sido denunciados y están imputados por numerosas irregularidades administrativas y delitos ante los tribunales de justicias, que deberán depurar las responsabilidades jurídicas correspondientes.

Los ciudadanos deberán depurar las responsabilidades políticas de unos representantes que se han señalado por las contrataciones irregulares de personas próximas, por el despilfarro de los recursos públicos, por la dilapidación del patrimonio municipal en el que no quedan parcelas e inmuebles que no hayan malvendido para pagar gastos corrientes.

El alcalde y los gobiernos municipales del GIL-PP son responsables de haber liquidado la herencia patrimonial recibida de anteriores corporaciones socialistas y además han hipotecado el futuro del municipio y de sus habitantes a través de convenios que afectan a todo el término municipal y cuyas plusvalías urbanísticas ya han sido cobradas y gastadas. Liquidada la herencia e hipotecado el futuro, sólo un enemigo exterior puede ser el sucedáneo para distraer al personal. En eso están. ¿Por cuánto tiempo?